SINTESIS
Hace cuatro meses venimos sosteniendo desde el Movimiento Proyecto Sur, que el Gobierno Nacional ha retomado el camino del endeudamiento como modo de emparchar los límites y dificultades que exhibe su política económica.
Señalamos también que el canje de deuda habilitado vía la suspensión de la Ley Cerrojo y el Decreto 1953/09 constituía el punto de inflexión a partir del cual el gobierno desandaba en la práctica la denominada estrategia de desendeudamiento. Lejos de desendeudar, el objetivo expreso ahora es endeudarnos.
En el análisis específico de la operación de canje hemos sostenido que la misma es inconstitucional, ilegal y que exhibe situaciones que de no aclararse expresamente podrían representar un verdadero “tráfico de influencias”.
La inconstitucionalidad radica en el hecho de que pese a que el art. 75 de la Constitución establece la responsabilidad del Congreso Nacional en el arreglo de la deuda pública, en ningún momento el Parlamento Nacional analizó, evaluó y aprobó la oferta financiera que a través del canje el gobierno argentino les hará a los bonistas.
La ilegalidad se observa en el hecho objetivo de que el grupo financiero que lidera la operación es al mismo tiempo representante de los bonistas y autor de la oferta financiera. Es decir, se diluye de manera absoluta la relación Estado-deudor versus bonistas-acreedores, ya que el grupo financiero liderado por el banco Barclays unifica ambos polos de la relación. Corresponde agregar también que los bonos a canjear están sujetos a investigación en sede judicial (Juzgado Federal Nº 2) por lo que la operación de canje tiende a burlar el accionar de la justicia y a blanquear (legalizar) las acreencias de los bonistas. Como dato adicional debe observarse también que el Banco Barclays es además socio de una de las petroleras que explora en el mar de Malvinas.
Por último, la sospecha acerca del tráfico de influencias aparece tras haber identificado la participación de la Arcadia Advisors en la operación. Consultora que si bien viene preparando este canje como actor protagónico desde el año 2008 junto a los tres bancos intervinientes, en ningún momento había sido mencionada por el Ministerio de Economía. La sospecha se agrava cuando se sabe que Arcadia es conducida por los doctores Emilio Ocampo y Marcelo Etchebarne y cuando se constata que esta consultora y el último de los nombrados han participado en los canjes de deuda provinciales de Formosa, Mendoza, San Juan y Provincia de Buenos Aires (en todos los casos gobernadores claramente alineados con el Gobierno Nacional). Asimismo, se puede confirmar que Diego Bossio (responsable del ANSES y colaborador directo del Ministerio de Economía) fue asesor del Gobernador de Mendoza Celso Jaque en la renegociación (canje) del Bono Aconcagua y que casualmente, su hermano (Pablo Bossio) trabaja desde el año 2009 en el estudio jurídico del Dr. Marcelo Etchebarne. También se conocen los vínculos familiares del Dr. Emilio Ocampo con el Diputado del Pro en uso de licencia Esteban Bullrich. Situación esta que podría asociarse con el compromiso de los votos de esa fuerza política en aval al canje de deuda que encara el oficialismo, e incluso con el canje desarrollado por la Ciudad de Buenos Aires respecto a los Bonos Tango.
Las consideraciones expuestas alcanzan para establecer la “nulidad” de la operación que el gobierno pretende encarar. No obstante, en una suerte de fuga hacia delante, se pretende preservar la operación ocultando las comisiones bajo el falaz argumento de que las pagarán los bonistas, cuando es obvio, que serán abonadas a través de la oferta harto generosa que realizará el Estado Argentino. Comisiones que, sabemos, duplican las abonadas en el canje del 2005.
En el material que aquí presentamos demostramos que, pese a lo expuesto por el Ministro de Economía, e incluso pese a que la oferta que originalmente se iba a formular fue modificada bajo la posibilidad de ser tildada como escandalosa, aún así lo que ha sido anunciado y pretende instrumentarse en los próximos días es, ciertamente, una oferta más generosa que la que se hiciera en el 2005. Para ser precisos lo que estamos sosteniendo quiere decir que la oferta del Poder Ejecutivo no solo no fue aprobada por el Parlamento sino que incluso desvirtúa el sentido de lo que el Parlamento aprobara en ocasión de suspender los efectos de la Ley Cerrojo.
Por último, el análisis de la propuesta concreta indica que:
a) Los dueños de los bonos percibirán, dado que en su gran mayoría compraron los bonos a precio de remate, ganancias superiores al 80%.
b) En lugar de hacer un nuevo canje en peores condiciones para los acreedores, se reabrió el canje anterior con el objeto de mejorar la oferta a los bonistas. Es más, resulta contradictorio que habiendo constatado el gobierno lo oneroso que terminó resultando el cupón PBI, y habiendo justificado en la existencia y el costo de los Bonos CER la intervención sobre el INDEC, se insista en volver a emitir los mismos bonos.
c) El canje es peor para el país que el del 2005.
d) No hay quita del 66,3% en los Bonos Discount. En tanto este bono ha capitalizado ya un 30%, la emisión de nueva deuda por los 100 originales no es de 33,7 sino de 43,81.
e) Dada la evolución del PBI en los últimos años tanto por crecimiento como por subestimación de la inflación, en las condiciones actuales el cupón PBI no se cobra solo si nos va bien, también se cobra si nos va mal.
f) Si se observa la deuda emitida los resultados llevan incluso a relativizar la existencia de quita alguna
FUENTE
Hace cuatro meses venimos sosteniendo desde el Movimiento Proyecto Sur, que el Gobierno Nacional ha retomado el camino del endeudamiento como modo de emparchar los límites y dificultades que exhibe su política económica.
Señalamos también que el canje de deuda habilitado vía la suspensión de la Ley Cerrojo y el Decreto 1953/09 constituía el punto de inflexión a partir del cual el gobierno desandaba en la práctica la denominada estrategia de desendeudamiento. Lejos de desendeudar, el objetivo expreso ahora es endeudarnos.
En el análisis específico de la operación de canje hemos sostenido que la misma es inconstitucional, ilegal y que exhibe situaciones que de no aclararse expresamente podrían representar un verdadero “tráfico de influencias”.
La inconstitucionalidad radica en el hecho de que pese a que el art. 75 de la Constitución establece la responsabilidad del Congreso Nacional en el arreglo de la deuda pública, en ningún momento el Parlamento Nacional analizó, evaluó y aprobó la oferta financiera que a través del canje el gobierno argentino les hará a los bonistas.
La ilegalidad se observa en el hecho objetivo de que el grupo financiero que lidera la operación es al mismo tiempo representante de los bonistas y autor de la oferta financiera. Es decir, se diluye de manera absoluta la relación Estado-deudor versus bonistas-acreedores, ya que el grupo financiero liderado por el banco Barclays unifica ambos polos de la relación. Corresponde agregar también que los bonos a canjear están sujetos a investigación en sede judicial (Juzgado Federal Nº 2) por lo que la operación de canje tiende a burlar el accionar de la justicia y a blanquear (legalizar) las acreencias de los bonistas. Como dato adicional debe observarse también que el Banco Barclays es además socio de una de las petroleras que explora en el mar de Malvinas.
Por último, la sospecha acerca del tráfico de influencias aparece tras haber identificado la participación de la Arcadia Advisors en la operación. Consultora que si bien viene preparando este canje como actor protagónico desde el año 2008 junto a los tres bancos intervinientes, en ningún momento había sido mencionada por el Ministerio de Economía. La sospecha se agrava cuando se sabe que Arcadia es conducida por los doctores Emilio Ocampo y Marcelo Etchebarne y cuando se constata que esta consultora y el último de los nombrados han participado en los canjes de deuda provinciales de Formosa, Mendoza, San Juan y Provincia de Buenos Aires (en todos los casos gobernadores claramente alineados con el Gobierno Nacional). Asimismo, se puede confirmar que Diego Bossio (responsable del ANSES y colaborador directo del Ministerio de Economía) fue asesor del Gobernador de Mendoza Celso Jaque en la renegociación (canje) del Bono Aconcagua y que casualmente, su hermano (Pablo Bossio) trabaja desde el año 2009 en el estudio jurídico del Dr. Marcelo Etchebarne. También se conocen los vínculos familiares del Dr. Emilio Ocampo con el Diputado del Pro en uso de licencia Esteban Bullrich. Situación esta que podría asociarse con el compromiso de los votos de esa fuerza política en aval al canje de deuda que encara el oficialismo, e incluso con el canje desarrollado por la Ciudad de Buenos Aires respecto a los Bonos Tango.
Las consideraciones expuestas alcanzan para establecer la “nulidad” de la operación que el gobierno pretende encarar. No obstante, en una suerte de fuga hacia delante, se pretende preservar la operación ocultando las comisiones bajo el falaz argumento de que las pagarán los bonistas, cuando es obvio, que serán abonadas a través de la oferta harto generosa que realizará el Estado Argentino. Comisiones que, sabemos, duplican las abonadas en el canje del 2005.
En el material que aquí presentamos demostramos que, pese a lo expuesto por el Ministro de Economía, e incluso pese a que la oferta que originalmente se iba a formular fue modificada bajo la posibilidad de ser tildada como escandalosa, aún así lo que ha sido anunciado y pretende instrumentarse en los próximos días es, ciertamente, una oferta más generosa que la que se hiciera en el 2005. Para ser precisos lo que estamos sosteniendo quiere decir que la oferta del Poder Ejecutivo no solo no fue aprobada por el Parlamento sino que incluso desvirtúa el sentido de lo que el Parlamento aprobara en ocasión de suspender los efectos de la Ley Cerrojo.
Por último, el análisis de la propuesta concreta indica que:
a) Los dueños de los bonos percibirán, dado que en su gran mayoría compraron los bonos a precio de remate, ganancias superiores al 80%.
b) En lugar de hacer un nuevo canje en peores condiciones para los acreedores, se reabrió el canje anterior con el objeto de mejorar la oferta a los bonistas. Es más, resulta contradictorio que habiendo constatado el gobierno lo oneroso que terminó resultando el cupón PBI, y habiendo justificado en la existencia y el costo de los Bonos CER la intervención sobre el INDEC, se insista en volver a emitir los mismos bonos.
c) El canje es peor para el país que el del 2005.
d) No hay quita del 66,3% en los Bonos Discount. En tanto este bono ha capitalizado ya un 30%, la emisión de nueva deuda por los 100 originales no es de 33,7 sino de 43,81.
e) Dada la evolución del PBI en los últimos años tanto por crecimiento como por subestimación de la inflación, en las condiciones actuales el cupón PBI no se cobra solo si nos va bien, también se cobra si nos va mal.
f) Si se observa la deuda emitida los resultados llevan incluso a relativizar la existencia de quita alguna
Discount +capitalización mill U$S 7.090
Par mill U$S 2.000
Global17 mill U$S 1.600
Pago Par mill U$S 160
Total mill U$S 10.850
Par mill U$S 2.000
Global17 mill U$S 1.600
Pago Par mill U$S 160
Total mill U$S 10.850
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