ESTAS SON LAS 25 HISTORIAS MÁS CENSURADAS DE 2009
Tema Nº 25 La Amazonía occidental y sus pueblos indígenas están amenazados por la explotación
Por Matt Finer, Clinton N. Jenkins, Stuart L. Pimm, Brian Keane y Carl Ross (“PloS One”) e Ian Sample (“The Guardian UK”)
Traducción de Ernesto Carmona (especial para Argenpress)
La Amazonía occidental, hogar de la mayor biodiversidad y selva tropical todavía intacta en la tierra, pronto se puede cubrir de oleoductos y tuberías. Los conservacionistas advirtieron que está en riesgo la biodiversidad de vastas franjas de la región porque al abrirse a la exploración de petróleo y gas cae en riesgo la vida variada que existe en la selva y lo más prístino del planeta, así como el hábitat de decenas de pueblos indígenas.
Un nuevo estudio ha encontrado que por lo menos 35 corporaciones transnacionales de petróleo y gas operan en 180 “bloques” -áreas zonificadas para exploración y desarrollo- en las selvas amazónicas de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y el occidente de Brasil, donde tienen su hábitat muchos grupos étnicos indígenas, incluso algunos de los últimos pueblos sin contacto con el mundo, quienes prefieren vivir en aislamiento voluntario total.
Los científicos ambientales describen a esta región como pulmones del planeta porque contiene la más extraordinaria diversidad biológica y cultural, pero también alberga grandes reservas de petróleo y gas. La demanda global de hidrocarburos cada vez mayor estimula niveles sin precedentes de nuevas exploraciones petrolíferas y extracción de petróleo y gas que amenazan con la devastación ambiental y cultural.
Durante un período de cuatro años los investigadores siguieron las actividades de hidrocarburos a través de la región y generaron un mapa completo de las exploraciones de petróleo y gas. Los investigadores confeccionaron su carta utilizando información oficial, suministrada por los propios gobiernos, respecto a tierras que durante los últimos cuatro años se arrendaron o concesionaron a transnacionales energéticas para que busquen petróleo y gas en la Amazonía de Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia.
El mapa muestra que las regiones señaladas para proyectos de petróleo y gas cubren ya más de dos tercios de la Amazonía en Perú y Ecuador. De 64 bloques de petróleo y gas que cubren el 72% de la Amazonía peruana, ocho ya están aprobados desde 2003 y por lo menos 16 fueron firmados en 2008. Se esperan mayores incrementos de esta actividad en Bolivia y el occidente de Brasil.
El resultado ha sido una evaluación alarmante de las amenazas que se ciernen sobre la biodiversidad y la población indígena de la región. El trazado muestra en detalle los proyectos de extracción de petróleo y gas de 35 compañías transnacionales en las áreas del Amazonas más propicias para la vida de diferentes especies de mamíferos, pájaros y anfibios.
“Hemos estado siguiendo los desarrollos de petróleo y gas en la Amazonía desde 2004 y el cuadro ha cambiado antes de nuestros ojos”, dijo Matt Finer, de Salvemos la Selva de América, un grupo ambiental establecido en EEUU. “Cuando se examina dónde están los bloques de petróleo y gas, se observa que coinciden perfectamente con sectores clave de la mayor biodiversidad, casi como por diseño, y éste en uno de los más grandes, si no el mayor, lugar de la biodiversidad en la tierra”.
Algunas regiones han establecido reservas de petróleo y gas, pero en otras, las compañías necesitarán cortar el bosque para efectuar pruebas que confirmen sus especulaciones, incluyendo explosivas investigaciones sísmicas y pruebas de perforación. Típicamente, las compañías dedican siete años a explorar una región antes de decidir si entrarán de lleno a la producción completa.
“La preocupación real es que cuando la exploración en una zona resulta acertada, comienzan los movimientos de la fase de desarrollo, que es cuando comienzan a abrirse los caminos, la perforación y las tuberías invaden la selva”, dijo Finer.
En un artículo escrito para el periódico “PLoS One”, Finer y otros científicos de la Universidad de Duke y de la ONG Tierra es Vida (Land is Life), un grupo medioambiental de Massachussets, llamaron a los gobiernos a que repiensen cómo se explotarán las reservas energéticas de la Amazonía.
Los autores del artículo arguyeron como un problema central que las compañías deben someter sus proyectos a una evaluación del impacto ambiental, que a menudo son estudios considerados de manera individual y no colectivamente. “No están observando el cuadro completo de lo que sucederá, ni tampoco verifican si, al mismo tiempo, existen cerca otros proyectos similares por ejecutarse”, dijeron. “Cada compañía podría estar creyendo individualmente que está actuando de manera relativamente responsable y custodiará bajo su control sus propias redes de carreteras, y así sucesivamente, pero ¿qué sucede cuando existen otros 15 proyectos alrededor?”, preguntó Finer. “De pronto, cuando se observe el cuadro completo, saltará a la vista una extensa red de caminos”, añadió. La creación de extensas redes de carreteras hará previamente inaccesible a la selva, a riesgo de la deforestación, la caza ilegal, depredación del bosque y transporte de troncos de árboles”, argumentaron los autores.
La investigación adicional del equipo encontró que muchos proyectos previstos de exploración y extracción se encuentran en tierras que son el hogar ancestral de muchos pueblos indígenas, que no han sido consultados y no tienen opción de opinar si un proyecto debe seguir adelante o no. Por lo menos 58 de los 64 bloques en Perú afectan tierras donde viven comunidades aisladas, y en 17 se está infringiendo la condición de reserva de áreas previamente asignadas a grupos indígenas.
“Esta manera de acometer desarrollos de hidrocarburos que se efectúa en la Amazonía occidental constituye una gruesa violación de los derechos de los pueblos indígena de la región”, dijo Brain Keane, de Tierra es Vida. “Existen acuerdos internacionales y leyes interamericanas de derechos humanos que reconocen a los pueblos indígenas el derecho a sus tierras y prohíben explícitamente el otorgamiento de concesiones para explotar recursos naturales en sus territorios sin su libre consentimiento anterior e informado”, añadió.
La resistencia indígena esta incrementando su organización y politizándose cada vez más, adquiriendo eficacia en niveles nacionales e internacionales. “Esta expansión ocurre en detrimento de nuestro pueblo y de la Madre Tierra”, advirtió José Antúnez, líder del pueblo Ashaninka de Perú.
Tema Nº 24 Superabundancia de dólares financia la expansión militar de EEUU
Por Michael Hudson (“Global Research”)
Traducción de Ernesto Carmona (especial para Argenpress)
El exceso mundial de dólares está forzando a los bancos centrales extranjeros a financiar el costo de la expansión militar imperial de EEUU. La acumulación de reservas internacionales en “dólares” en los bancos centrales de los países significa que cuando la especulación financiera y el déficit de pagos en EEUU hagan colapsar ese “papel moneda” en las economías extranjeras, esos bancos centrales tendrán pocas opciones, pero podrían reciclar esos papeles dentro de EEUU. Entretanto, las reservas “conservadas” en bonos del Tesoro son gastadas por ese mismo ministerio [equivalente al de Hacienda] en financiar la construcción de un enorme cerco militar hostil alrededor de los principales recicladores de esos mismos dólares, principalmente China, Japón y los países árabes productores de petróleo afiliados a la OPEP.
Estos gobiernos hoy son forzados a reciclar la afluencia de dólares de tal manera que ese flujo financie las políticas militares de EEUU, en cuya formulación [los países tenedores de los bonos] no tienen ninguna opción de opinar aunque representen para ellos mismos una amenaza cada vez más beligerante, como ocurre hoy con la habilitación de 7 nuevas bases militares en Colombia.
Hasta la fecha, los países se han mostrado impotentes para defenderse ellos mismos contra el hecho de que este financiamiento obligatorio del gasto militar de EEUU está incorporado al sistema financiero global. Los economistas neoliberales aplauden este trasvasije como “equilibrio,” como si fuera parte de naturaleza económica y del “libre mercado”, mientras los funcionarios de EEUU manejan la diplomacia de “nudillos desnudos” con un aumento de agresividad. Los medios de comunicación suenan en armonía, promoviendo la suposición de que el reciclaje de dólares para financiar el gasto militar de EEUU es la forma en que la comunidad internacional “demuestra su fe en la fortaleza económica de EEUU”, enviando a “invertir” aquí “sus” dólares. Tal “inversión” involucra una opción. Sin embargo, todos los países extranjeros en cuestión no son básicamente consumidores que compran exportaciones de EEUU, ni un sector privado de “inversores” que compran acciones, valores y bonos en EEUU. Más aún, la mayoría de las entidades extranjeras importantes que ponen “su dinero” aquí son bancos centrales, y no se trata en absoluto de su dinero. Están devolviendo los dólares que los exportadores extranjeros y otros beneficiarios volcaron a sus bancos centrales para sostener la moneda nacional.
La economía de EEUU puede crear dólares libremente, ahora que ya no son más convertibles en oro, e incluso comprar y estatizar compañías de EEUU. Por lo tanto, EEUU sigue siendo la economía más protegida del mundo. Solamente para proteger su agricultura permitió cupos de importaciones, autorizándolos en las reglas del comercio mundial hace medio siglo. El Congreso rechaza invertir fondos en “riqueza soberana” en sectores importantes de EEUU.
Las mayores salidas de capital de los inversores de EEUU se gastan en comprar economías extranjeras, el sector más lucrativo, donde los nuevos dueños de EEUU obtienen altas rentas monopólicas. Así, la mayoría de los fondos terminan en los bancos centrales extranjeros para apoyar el fortalecimiento militar global de EEUU.
Ningún libro de texto de teoría política o relaciones internacionales ha sugerido axiomas para explicar cómo las naciones actúan de una manera tan contraria a sus propios intereses políticos, militares y económicos. Con todo esto, ni siquiera ¿qué ha estado sucediendo para la última generación?
La última pregunta es ¿qué pueden hacer los países para contrarrestar este ataque financiero? ¿Cómo estos países podrían actuar como naciones reales, en su propio interés, en vez del interés de EEUU? Cualquier país que intentara hacer lo que ha hecho Estados Unidos en los últimos 150 años sería acusado de “socialista” o “proteccionista” por la economía más anti-socialista del mundo.
El problema de los movimientos de capital especulativo va más allá de apuntar a un sistema de regulaciones específicas. Concierne al alcance del poder del gobierno nacional. Las disposiciones estatutarias del Fondo Monetario Internacional (FMI) impiden que los países restauren los sistemas de “tipo de cambio dual” que muchos conservaron hasta abandonarlos en los años 50 e incluso en los ‘60. Antes fue una práctica extendida que los países tuvieran un tipo de cambio para los bienes y servicios (algunas veces diversos tipos de cambio para diferentes categorías de importación y exportación) y otro para los movimientos de capital. Bajo la presión de EEUU, el FMI hizo cumplir el falso precepto de que existe una tasa de “equilibrio” que justamente debe ser igual para los bienes y servicios como para los movimientos de capital. Los países que no compraron esta ideología fueron excomulgados de su calidad de miembro del FMI y del Banco Mundial o sus gobiernos simplemente fueron derrocados.
Esto implica que hoy la única manera en que una nación puede bloquear los movimientos de capital es retirándose del FMI, del Banco Mundial y de la Organización Mundial del Comercio (WTO). Por primera vez desde los años 50 esto parece una posibilidad real, gracias a la conciencia mundial de cómo la economía de EEUU devoró a la economía global con “papel de sobra” y la resistencia de EEUU a ponen fin a su pase gratis. Para la perspectiva de EEUU, todo esto es nada menos que una tentativa de recortar su programa militar internacional de dominación global.
Tema Nº 23 Activistas recusan al Foro Mundial del Agua como fraude corporativo
Por Jeff Conant (“AlterNet”) y Maude Barlow, entrevistada por Democracy Now! y KPFA, Sunday Sedition
Traducción de Ernesto Carmona (especial para Argenpress)
Los activistas por el derecho al agua boicotearon el Foro Mundial del Agua en Turquía, a fines de marzo de 2009, denunciando que el evento está concebido como una feria corporativa destinada a promover la privatización del recurso en el mundo. Trescientos activistas turcos que se concentraron cerca de la entrada del foro fueron enfrentados por la fuerza aplastante de 2.000 a 3.000 policías, mientras el evento se inauguraba con gas lacrimógeno lanzado por la policía que detuvo a manifestantes que gritaban “Agua para la vida, no para el lucro”.
Según su sitio web, el Foro Mundial del Agua está “abierto, y es un proceso inclusivo, para los multi-tenedores”, donde los gobiernos, las ONGs, las empresas y otros, “establecen relaciones, debaten e intentan encontrar soluciones para alcanzar la seguridad del agua”.
Sin embargo, el principal organizador del Foro, el Consejo Mundial del Agua, está dominado por Suez y Veolia, dos de las más grandes corporaciones privadas del agua de todo el mundo. Los críticos afirman que la legitimidad del Consejo está cuestionada por sus vínculos con Suez y Veolia, además de la gran presencia de las corporaciones del negocio del agua.
Los intereses corporativos que sostienen al Consejo Mundial del Agua están en permanente contacto con el Banco Mundial y otras instituciones financieras. Cada Foro se presenta como si fuera un virtual acontecimiento de la Organización Naciones Unidas (ONU), e incluso al cierre del evento suele emitirse una ritual declaración ministerial que promueve acercamientos globales de políticas de agua y saneamiento.
El consejo promueve represas extraordinariamente costosas y destructivas y diversos proyectos de agua tales como “Asociaciones Público-Privadas” (PPP, por su sigla en inglés) que ponen los servicios de agua bajo propiedad privada. En Argentina, Bolivia, El Salvador, EEUU y otros países, las PPPs han traído aumentos de precios, contaminación del agua, agotamiento y enormes cortes de las fuentes que, “niegan a los pueblos el derecho al agua”, en el lenguaje de los movimientos por la justicia en la obtención de ese recurso natural.
A pesar de éstos y otros impactos dañinos, los acuerdos del Consenso del Agua de Estambul pretenden asegurar el compromiso de las autoridades locales con políticas similares del agua. El Foro de este año publicó un comunicado que describe el acceso al agua como “necesidad humana básica” en vez de un derecho humano, a pesar de los esfuerzos disidentes de los países latinoamericanos, Francia y España, que bregaron por introducir el derecho al agua, pero su disenso fue bloqueado por Egipto, Brasil y EEUU.
Esta aparentemente leve diferencia semántica en el vocabulario frecuente de la verborrea política puede tener una profunda significación. Si el agua se define como una “necesidad” en vez de un “derecho”, se convierte en un recurso sometido al comercio y para los gobiernos no implica ninguna obligación de asegurar el acceso al vital líquido. Si por otra parte, fuera un derecho humano surge de inmediato un mandato para las políticas de los gobiernos que deberían activar el acceso seguro e incondicional al agua a cada ciudadano.
Los activistas del Foro del Agua de los Pueblos, un encuentro alternativo que representa a los pobres rurales, organizaciones medio ambientales y de trabajadores, denunciaron al evento como no inclusivo, conducido por el fraude corporativo que impulsa la privatización del agua. Exigieron un foro más abierto, democrático y transparente. Un bloque de gobiernos de países del sur, liderado por Uruguay construye apoyos para un foro alternativo y legítimo que sea conducido por Naciones Unidas.
Voces destacadas de la sociedad civil, como Maude Barlow, alta consejera en problemas de agua de la Asamblea General de Naciones Unidas, están clamando porque éste haya sido el último Foro Mundial del Agua dominado por las corporaciones. “La seguridad [del agua] es precaria, porque están promoviendo su privatización con una visión corporativa del mundo y quieren engañar a la opinión mundial con un falso consenso global. Y no lo es”, dijo.
Barlow afirmó que las compañías transnacionales del agua y el Banco Mundial no son anfitriones apropiados para un Foro Mundial del Agua y propuso que esté sostenido bajo los auspicios de la Asamblea General de la ONU, reservando claramente los derechos comunes en la confianza pública para evitar una situación profundamente no equitativa, donde el agua se desvía de los pobres a quienes puedan pagar por ella.
“El Foro Mundial del Agua es incapaz de proponer nuevas maneras de dirigir la creciente crisis del agua en el mundo, porque mantiene la adherencia a una ideología que no está funcionando, que ha fallado dramáticamente”, remarcó Barlow en “Democracy Now!” “Lo que aquí está claro es que la fuerza, el compromiso, las ideas brillantes y el cambio cultural han llegado juntos. Y aquí [el Foro del Agua de los Pueblos] es donde se encuentra el futuro del agua: este movimiento está aquí”.
La comisión Trilateral domina el gobierno de Obama
Por Patrick Wood (“August Review.com”)
Traducción de Ernesto Carmona (especial para Argenpress)
En sus primeros diez días, Barack Obama designó en la Comisión Trilateral a once altos miembros clave de su administración. Así introdujo una potente fuerza exterior en el liderazgo de su gobierno, pero con una agenda básica que más bien perjudica a los ciudadanos de EEUU.
Además de estos nombramientos, Obama llevó a la Casa Blanca a miembros relevantes de la Trilateral, como su principal consejero en política exterior Zbigniew Brzezinski, cofundador de la Comisión junto con David Rockefeller en 1973.
La Comisión Trilateral tiene gran responsabilidad en el estado actual del mundo. Se constituyó en 1973 como un centro mundial de supuestos pensadores que diseñaron el giro nultinacional del capitalismo hacia el llamado neoliberalismo, que ha sido una radicalización a la derecha -neo conservadora- de la concepción keynesiana más clásica de la economía, del rol del Estado, la intensificación de la explotación mundial del trabajo y la hegemonía militar mundial de los países más ricos del planeta y sus corporaciones transnacionales.
La Trilateral es una suerte de gran partido político mundial de derecha. Según su sitio web, fue formada por ciudadanos particulares de Japón, Europa (países de la Unión Europea) y Norteamérica (Estados Unidos y Canadá) para fomentar una colaboración más estrecha entre las áreas industrializadas democráticas relevantes del mundo [en oposición al campo socialista de entonces] para compartir responsabilidades en la dirección en un sistema internacional más amplio.
Según la lista oficial, la Comisión Trilateral posee 424 miembros, pero sólo 87 pertenecen a EEUU y otros 337 provienen de otros países. Así, en sus primeras dos semanas, Obama nombró la cuota de representantes gubernamentales, que constituyen el 12% de la representación de EEUU en la Comisión, aunque conserva muchos otros vínculos con la Trilateral, por ejemplo la membresía permanente de William Jefferson Clinton, el marido de la secretaria de Estado Hillary Clinton. Las once designaciones de Obama recayeron en los siguientes personajes:
– Tim Geithner, Secretario de Hacienda
– Susan Rice, Embajadora en Naciones Unidas
– General James L. Jones, Consejero de Seguridad Nacional
– Thomas Donilon, Consejero Comisionado de Seguridad Nacional
– Paul Volker, Presidente del Comité de Recuperación Económica
– Almirante Dennis C. Blair, Director de Inteligencia Nacional
– Kurt M. Campbell, Secretario de Estado Auxiliar - Asia y Pacífico
– James Steinberg, Comisionado de la Secretaria de Estado
– Richard Haass, Enviado Especial del Departamento de Estado
– Dennis Ross, Enviado Especial del Departamento de Estado
– Richard Holbrooke, Enviado Especial del Departamento de Estado
La administración Obama y la Comisión Trilateral tienen muchos otros vínculos. A manera de ejemplo, el grupo informal de consejeros del secretario de Hacienda Tim Geithner incluye a los miembros de la Comisión E. Gerald Corrigan, banquero, ex presidente de la Reserva Federal (RF); Paul Volker, ahora cabeza de la recuperación económica de Obama; Alan Greenspan, el anterior jefe de la RF y Peter G. Peterson, prominente banquero e inversionista.
El primer empleo de Geithner después de salir de la universidad fue al servicio del trilateralista Henry Kissinger en la oficina Kissinger y Asociados. El trilateralista Brent Scowcroft, que de tendero se convirtió en banquero, ha sido consejero oficioso de Obama y fue mentor del actual secretario de Defensa Robert Gates (Ver Tema Nº 07). Y también es miembro de la Comisión Robert Zoelick, ex secretario de Comercio y presidente actual del Banco Mundial designado por la administración G.W. Bush.
El sitio web afirma: “La membresía de la Comisión Trilateral está compuesta por cerca de 400 líderes distinguidos en los negocio, medios de información, academia, servicio público (excluyendo ministros de gabinetes nacionales actuales), sindicatos y otras organizaciones no gubernamentales de las tres regiones. Los presidentes regionales, vicepresidente y directores constituyen la dirección de la Comisión Trilateral, junto con un Comité Ejecutivo que incluye cerca de otros 40 miembros”.
Desde 1973, la Comisión Trilateral se reúne regularmente en sesiones plenarias para discutir manifiestos políticos desarrollados por sus miembros. Las políticas se debaten hasta alcanzar consensos. Los miembros respectivos regresan a sus propios países a instrumentar consistentemente las políticas acordadas en esos consensos. El propósito original de la Comisión Trilateral fue la creación de un “Nuevo Orden Económica Internacional” [es decir, la llamada globalización]. Su declaración actual fortalece incentivar una “colaboración más estrecha entre éstas áreas industrializadas democráticas dominantes del mundo con responsabilidades compartidas en la dirección de un sistema internacional más amplio”.
Desde la administración Carter, los trilateralistas ha llevado a cabo estas influyentes posiciones desde cargos clave controlados por el gobierno de EEUU: seis de los ocho últimos presidentes del Banco Mundial; los presidentes y los vicepresidentes de Estados Unidos (a excepción de Obama y Biden); más de la mitad de todos los secretarios de Estado de EEUU; y tres cuartos de los secretarios de Defensa.
Durante el trienio 2009-2012, la agenda de la Comisión será guiada por dos grandes convicciones. Primero, la Comisión Trilateral seguirá siendo más importante que nunca para preservar la dirección compartida de los países ricos en un sistema internacional más amplio. Segundo, la Comisión “ensanchará su marco para reflejar cambios más amplios en el mundo”. De esta manera, el Grupo Japonés devino en Grupo Asia Pacífico, que incluye a miembros de China e India, y añadieron a miembros mexicanos al Grupo Norteamérica (Canadá y EEUU). El Grupo Europeo continúa ensanchándose conforme a la ampliación de la Unión Europea.
La Trilateral controla los grandes medios
La respuesta es simple: El liderazgo principal de los grandes medios de información también está saturado de miembros de la Comisión Trilateral, quienes pueden suprimir selectivamente las noticias que deberían cubrirse, por ejemplo:
• David Bradley, presidente de Atlantic Media Company
• Karen Elliot House, ex vicepresidente senior de Dow Jones & Company, y editora del “The Wall Street Journal”, propiedad de Rupert Murdoch
• Richard Plepler, copresidente de HBO
• Charlie Rose, de PBS, Servicio Público de Radio y TV de EEUU
• Fareed Zakaria, redactor de “Newsweek”
• Mortimer Zuckerman, presidente de “U.S. News & World Reports”
Existen muchas otras conexiones con el nivel superior de los medios de información originadas por la membresía o participación en las direcciones corporativas y la propiedad accionaria común. Para más información, consultar el libro publicado originalmente en 1978 por este escritor, “Trilaterals Over Washington”, que está disponible [en inglés] en formato electrónico y sin ningún costo en http://www.AugustReview.com. Este sitio también tiene muchos trabajos que analizan diversos aspectos de la hegemonía de la Comisión Trilateral en Estados Unidos y en otras partes del mundo, puesto que fue fundada en 1973.
Tema Nº 21 La recesión recorta gastos estatales en Bienestar en EEUU
Por Stephanie Mencimer (Mother Jones) y Tom Breen (Associated Press)
Traducción de Ernesto Carmona (especial para Argenpress)
Muchas gobernaciones de los 50 estados pujan agresivamente para excluir a millares de madres que reciben el beneficio de Ayuda Temporal a Familias Necesitadas (TANF, por su sigla en inglés), programa tradicionalmente conocido como Bienestar. Ahora esas entidades niegan ese apoyo a las familias argumentando que deben ahorrar para reorientar el presupuesto del respectivo estado.
A escala nacional, el total de beneficiarios del Bienestar bajó más de 40% entre 2001 y junio de 2008. Louissiana, Texas e Illinois redujeron en 80% los beneficiarios para adultos desde enero de 2001. El estado Georgia tuvo un descenso del 90%, con poco más de 2.500 adultos georgianos que ahora reciben este auxilio, contra 28.000 que lo percibieron en 2004, en tanto en 2008 recibía TANF sólo el 18% de los niños que viven debajo del 50% del umbral de pobreza, que significa menos de 733 dólares por mes para una familia de tres miembros.
En 2006, la Coalición de Georgia contra la Violencia Doméstica realizó una encuesta para descubrir por qué tantas mujeres repentinamente no pudieron conseguir los beneficios sociales. Descubrieron que los empleados del Bienestar [del estado] hablaban activamente con las mujeres sobre tópicos ajenos al beneficio y denunciaron que tales funcionarios les indicaban a las candidatas que deberían ser esterilizadas quirúrgicamente para poder reintroducir su solicitud. A las mujeres lisiadas les respondían que no aplicaban para postularse porque no podrían cumplir el requisito de trabajar. Otras fueron advertidas que el estado podría tomar a sus niños si solicitaban esa ventaja.
Las mujeres son cada vez más vulnerables a la agresión sexual y a la explotación, a veces proveniente de los mismos funcionarios o empleados del Bienestar designados para ayudarlas. Las detenciones de mujeres por prostitución y el pequeño crimen aumentaron mientras a cada vez más familias se les negaban los beneficios del Bienestar.
Los estudiantes de colegios universitarios próximos a obtener sus títulos fueron desinformados: se les dijo que les negarían la ayuda una vez que cumplieran 20 años, sin importar la situación de su graduación. A estudiantes tan jóvenes como de 16 años les dijeron que deberían trabajar a tiempo completo o perderían las ventajas del beneficio.
Texas redujo su cantidad de casos al delegar la tramitación del beneficio en una empresa externa, un centro de atención telefónica que no sólo niega ilícitamente el beneficio a algunas familias, sino que disminuyó el total de aplicaciones.
En la Florida, una región innovadora, se comenzó a exigir a los candidatos TANF asistir a 40 horas de clases antes de poder aplicar la solicitud del beneficio, en tanto los solicitantes que intentaban restaurar beneficios perdidos habrían podido enderezar su batalla con el papeleo con la ayuda de los funcionarios del Bienestar, pero en 2005 los funcionarios asignados a ese trabajo fueron reducidos a un solo empleado que atendía público dos horas a la semana. La cantidad anual de solicitudes TANF del área bajó a la mitad en un año.
Debido a la recesión, muchos estadounidenses acudieron a la red de seguridad de los programas de ayuda del gobierno, tales como bonos de racionamiento, subsidios de desempleo o Bienestar. En un esfuerzo por desalentar a los solicitantes, los legisladores de por lo menos ocho estados quisieron que los beneficiarios fueran sometidos al azar a una prueba de droga. En marzo de 2009, la cámara de representantes de Kansas aprobó una medida que ordenó someter a pruebas anti-drogas a las 14.000 personas que consiguen ayuda del estado. En febrero, el senado de Oklahoma aprobó unánimemente una medida que requería la prueba de droga como condición para recibir los beneficios TANF. Disposiciones similares se introdujeron en Missouri y Hawai. Un miembro de la cámara de representantes de Minnesota presentó una moción que exige pruebas de droga a los ciudadanos pobres de ese estado que impetran los programas de ayuda pública.
Durante la reforma del Bienestar en la era Clinton, se asignó a los estados una cantidad fija de dinero sin importar sus necesidades. La subvención global al TANF ascendió a 16,5 mil millones de dólares, de los que sólo Georgia obtuvo 370 millones al año. Los estados podían desviar los fondos a cualquier programa relacionado vagamente con la asistencia al necesitado. Puesto que los estados reciben la misma cantidad de fondos federales sin importar cuánta gente recibió ayuda, se les incitó a que negaran los beneficios. “Incluso si las cantidades de casos por tratar ascienden a cero, consiguen la misma cantidad de dinero”, observó Robert Welsh, del Presupuesto de Georgia y del Instituto de Política.
Los estados han utilizado el dinero “sobrante” del TANF para ampliar cuidados a los niños, formación laboral y transporte para ayudar a los beneficiarios a encontrar trabajo. La Oficina de Responsabilidad del Gobierno descubrió en 2006 que muchos estados estaban moviendo los fondos federales para Bienestar lejos de la ayuda efectiva a los pobres, por ejemplo destinándolos a “trabajos de asistencia” al cuidado de los niños para tapar los agujeros del presupuestos estadal.
El TANF era también una puerta de ingreso a la educación, a la rehabilitación anti droga, a los cuidados de salud mental, cuidado de niños, incluso de transporte y beneficios para la movilidad de los discapacitados. “El Bienestar es el único programa efectivo de la red de seguridad para las madres solteras y sus niños”, afirmó Rebecca Blank, economista de la Brookings Institution. “Con la recesión, una tiene que preocuparse de la cantidad número de mujeres que resultaron desempleadas y no tienen cómo darse vuelta”, añadió.
Tema Nº 20 El control secreto de los debates presidenciales en EEUU
Por George Farah (Open Debates y Democracy Now!)
Traducción de Ernesto Carmona (especial para Argenpress)
Las candidaturas de Obama y de McCain negociaron un detallado contrato secreto que estableció los términos de los debates durante la campaña presidencial de 2008. El acuerdo incluyó quiénes asistirían a las discusiones, qué temas deberían tratarse y la estructura del formato de cada debate.
Desde 1987, una empresa privada creada por y para los partidos Republicano y Demócrata, llamada Comisión de Debates Presidenciales (CPD, su sigla en inglés), patrocina las discusiones de los candidatos presidenciales y pone en práctica los contratos de estas controversias. Para blindar de cualquier crítica a los candidatos de los dos principales partidos, el CPD no da a conocer públicamente el contenido del contrato.
En 1986, los comités nacionales republicano y demócrata ratificaron un acuerdo para “asumir el control de los debates presidenciales” de la Liga de Mujeres Votantes, entidad no partidaria. Quince meses más tarde, incorporaron a la jefatura de la Comisión de Debates Presidenciales a Frank Fahrenkopf, del partido Republicano, y a Paul Kirk, del partido Demócrata, quienes todavía comparten la jefatura de la CPD y cada cuatro años ejecutan y encubren los contratos elaborados en común por los candidatos republicano y demócrata.
Antes de la formación del CPD, la Liga de Mujeres Votantes actuó como un patrocinador auténticamente independiente de los debates entre 1976 y 1984, asegurando la inclusión de candidatos independientes populares y prohibiendo a los dos grandes partidos efectuar campañas de manipulación de los formatos de los debates.
En 1980, la Liga invitó al candidato independiente John B. Anderson a que participara en un debate presidencial, pero el presidente Jimmy Carter rechazó con firmeza su participación. Cuatro años más tarde, cuando las campañas de Ronald Reagan y de Walter Mondale vetaron 68 proposiciones de miembros del panel para eliminar preguntas difíciles, la liga denunció públicamente a los candidatos por “abusar totalmente del proceso”. La protesta pública que vino enseguida persuadió a los candidatos a aceptar a los miembros del panel de la Liga para el debate siguiente.
Y en 1988, cuando las campañas de George Bush [padre] y de Michael Dukakis elaboraron el primer contrato secreto del debate –un “memorándum de entendimiento” dictado por quienes iban a participar, sobre quién haría las preguntas e incluso la altura de los podios– la Liga declinó llevarlo a cabo. En su lugar, la Liga difundió un comunicado de prensa señalando que “las exigencias de las dos organizaciones de campaña perpetrarían un fraude contra el votante estadounidense”.
Los dos partidos principales, sin embargo, no quisieron más a un patrocinador que limitara el control de sus candidatos. Consecuentemente, crearon el CPD para ejecutar los debates y desde que
tomó el control en 1988, obtiene financiamiento mediante contribuciones de grandes corporaciones. Las transnacionales interesadas en verse favorecidas por los reguladores que se elegirán para el Congreso donan millones de dólares en contribuciones al CPD y las locaciones del debate se convirtieron en carnavales corporativos, donde las compañías patrocinadoras comercializan sus productos, servicios y agendas políticas. El gigante tabacalero Phillip Morris fue el principal patrocinador en 1992 y 1996. El principal contribuyente, Anheuser-Busch Companies, Inc., patrocinó debates presidenciales en su ciudad sede de St. Louis en 1996, 2000, 2004 y 2008.
No es asombroso que el CPD haya podido incrementar en millones de dólares las contribuciones corporativas. Frank Fahrenkopf y Paul Kirk, co-presidentes y controladores del CPD, son lobbystas registrados de corporaciones transnacionales. Kirk recogió 120.000 dólares para hacer lobby en favor de Hoechst Marion Roussel, compañía farmacéutica alemana. Fahrenkopf gana aproximadamente 900.000 dólares anuales como principal cabildero de la industria del juego del juego, que mueve 54 mil millones de dólares en EEUU. Como presidente de la Asociación Estadounidense del Juego, dirige enormes contribuciones financieras a los candidatos importantes del partido republicano y satura los medios de información con testimonios de “expertos” que exaltan las “muchas ventajas” del juego. “No vamos a disculparnos por intentar influir elecciones políticas”, dijo Fahrenkopf.
“Éstos son los individuos que deciden quién conseguirá participar en los foros políticos más importantes de Estados Unidos de América”, señaló el periodista George Farah en “Open Debates”.
Añadió: “Las prácticas de cabildeo de Kirk y Fahrenkopf demuestran su buena voluntad para proteger intereses corporativos a expensas de los intereses de los votantes. Esto no resulta sorprendente desde que las dos sillas de la co-presidencia CPD están dispuestas a proteger intereses importantes de los dos partidos a expensas de los intereses de los votantes”.
La estructura actual permite que las corporaciones donen dinero a los partidos Demócrata y Republicano, que esencialmente apoyan su duopolio sobre el proceso político y excluyen las voces de terceros que puedan resultar hostiles para el poder corporativo.
Históricamente, los terceros candidatos han desempeñado papeles críticos en nuestra democracia por introducir al conocimiento popular los grandes problemas que eventualmente fueron cooptados por los dos grandes partidos, como la abolición de la esclavitud, derecho a voto de las mujeres, seguridad social, leyes de trabajo infantil, escuelas públicas, elección directa de senadores, vacaciones pagadas, compensación por desempleo y formación de sindicatos. Con la exclusión del discurso de los terceros candidatos, estos no pueden romper el silencio de los dos partidos en problemas donde hay desacuerdo de los partidos principales con la mayoría de los ciudadanos estadounidenses.
Respecto a los últimos debates, Farah cuestionó que “en un país donde las corporaciones constituyen la fuerza política y económica dominante, ¿por qué los debates se hicieron sin mencionar la palabra “corporación”? ¿Por qué no hay preguntas sobre reformar el financiamiento de las campañas? ¿O del crimen corporativo? ¿Devastación ambiental? ¿Pobreza infantil y falta de viviendas? ¿Libre mercado y globalización? ¿Concentración de la propiedad de los medios? ¿Gasto militar? ¿Inmigración? ¿Libertades civiles y derecho a la privacidad?”
Durante los últimos 20 años en que el CPD patrocina los debates presidenciales se han excluido las preguntas desafiantes, los moderadores enérgicos, el seguimiento de las preguntas, las interrogaciones de candidato a candidato y las refutaciones. Típicamente, los formatos del CPD impiden el examen profundo de asuntos críticos y permiten que los candidatos reciten una serie de eslóganes memorizados.
El legendario periodista y conductor de noticiarios Walter Cronkite -recientemente fallecido- dijo que los debates presidenciales patrocinados por el CPD son un “fraude injusto”.
Tema Nº 19 Los bancos beneficiarios del “Programa de Ayuda Urgente” gastan el dinero en campañas
Por Sam Stein (“Huffington Post”)
Traducción de Ernesto Carmona (especial para Argenpress)
El 17 de octubre de 2008, tres días después que el Bank of America Corporation recibiera 25 mil millones de dólares en fondos federales de ayuda urgente, convocó a una audio-conferencia destinada a organizar la oposición a la Ley de Libre Elección del Empleado (EFCA, por su sigla en inglés), que favorece la sindicalización de los trabajadores. Los participantes, entre ellos la AIG (American International Group), fueron urgidos a obtener “grandes contribuciones” de sus clientes para financiar a los grupos que trabajaban contra la EFCA, así como ganarse a los republicanos más permeables del Senado que podrían ser utilizados en bloquear esa legislación que haría más fácil la organización de sindicatos.
Bernie Marcus, cofundador de Home Depot, y Rick Berman, fundador del Centro Sindicatos de Hecho, condujeron largas horas de conferencias telefónicas para impugnar la legislación como una amenaza para el capitalismo estadounidense. La legislación -que permitiría formar sindicatos sin celebrar las elecciones tradicionales, sino por la mayoría simple de empleados dispuestos a llenar y firmar un formulario impreso- hace frente a un virtualmente seguro obstruccionismo republicano. Obama y los senadores demócratas han declarado su compromiso con el proyecto.
Argumentando que serían necesarias para evitar que EEUU se convirtiera “en Francia”, se solicitaron donaciones de cientos de miles y hasta de millones de dólares. “Si un comerciante al detalle (retailer) no ha llegado involucrarse en esto, y si no ha pasado dinero para esta votación, si no ha enviado dinero a Norm Coleman [ex senador], y todo el resto de esos individuos merecen un tiro. Deben ser expulsados de sus malditos trabajos”, declaró Marcus.
Uno de los convocados sugirió que los participantes envíen contribuciones importantes a la organización de Berman como una forma de influir en la elección sin violar la ley McCain-Feingold de financiamiento de campañas. “Para esto, algunas organizaciones prepararon cheques por 250.000, 500.000 y algunos por 2 millones de dólares”, dijo el participante Steven Hantler, director de Libertad de Empresa y Espíritu Emprendedor, la fundación de Bernie Marcus.
Según el autor, Sam Stein (del “Huffington Post”), los grupos favorables a la reforma están enviando cartas a los miembros de los comités parlamentarios y al jefe del Panel de Vigilancia del Congreso, urgiendo que se investigue si los beneficiarios de la ayuda urgente utilizaron dinero de los contribuyentes para beneficiar a candidatos o a organizaciones políticas. “Estamos pidiendo que el Congreso investigue si el Bank of America, AIG, u otros beneficiarios de miles de millones de dólares en dinero de la ayuda urgente, usaron esos dólares de los contribuyente para enviar ‘grandes contribuciones’ a cualquiera organización política”, afirman las cartas. “El Congreso tiene la responsabilidad de supervisar la ayuda urgente de 700 mil millones de dólares al sector de la industria financiera. Eso significa asegurarse de que estos fondos del contribuyente sean utilizados de manera transparente y de manera que benefician a la gente común y no a los intereses especiales” (eufemismo para señalar a las grandes corporaciones que reciben fondos federales).
Berman dijo que “en esas llamadas no se habló nada respecto a cualquier recolección de dinero”. De todas maneras, el Bank of America utilizó tiempo y recursos con anfitrión de un foro telefónico anti-EFCA, en que instó a los individuos a hacer donaciones políticas y presionaron a los grupos adversos a la reforma del gobierno para recabar simpatías en el Congreso.
“Lo que al parecer han hecho ha sido tomar el dinero de los contribuyentes y sacarlo con sifón para sus criados políticos, los republicanos de derecha”, dijo el representante Alan Grayson, demócrata por Florida. El legislador leyó una declaración afirmando que “en nuestro sistema actual, los intereses especiales creen que pueden comprar pólizas del Congreso con contribuciones de campaña, y el público también cree esto. Las compañías de Wall Street rutinariamente donan millones de dólares en contribuciones a las campañas y hacen lobby para resistir el control de las prácticas que condujeron a la crisis económica actual”.
“El Bank of American ahora no sólo está consiguiendo dinero del programa de ayuda urgente. Está prestando su nombre para participar en una campaña destinada a impedir que los trabajadores puedan sindicalizarse por mayoría de firmas”, dijo Stephen Lerner, director del Proyecto Privado de Equidad de la Unión Internacional de Trabajadores de Servicio (SEIU, su sigla en inglés), una federación de trabajadores que representa a más de 2 millones de trabajadores de EEUU. “Al mismo tiempo, las más grandes corporaciones que han creado este problema, nos pidieron que las respaldáramos porque no usarían ese dinero para combatir a los trabajadores, sino para mejorar sus vidas”, dijo Lerner.
Tema Nº 18 Ecuador estableció los derechos constitucionales de la naturaleza
Por Cyril Mychalejko (“Upside Down World”)
Traducción de Ernesto Carmona (especial para Argenpress)
En septiembre de 2008 Ecuador se convirtió en el primer país del mundo en incorporar a la Constitución “los derechos de la naturaleza”, codificando así un nuevo sistema jurídico de protección del medio ambiente.
Reflejando creencias y tradiciones de la población indígena de Ecuador, la Constitución declara que la naturaleza “tiene derecho a existir, persistir, mantenerse y regenerar sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos en la evolución”. Este derecho constitucional “es independiente de la obligación de las personas naturales y jurídicas o del estado de indemnizar a la gente que depende de los sistemas naturales”.
La nueva carta fundamental redefine la relación de la gente con la naturaleza afirmando que ésta no es un objeto para apropiárselo y explotarlo, sino una entidad con derechos que deberá tratarse con igualdad ante la ley.
Mari Margil, directora adjunta del Fondo de Defensa Legal Ambiental, trabajó de cerca durante el último año con miembros de la asamblea constitucional de Ecuador en la elaboración de “los derechos de la naturaleza” legalmente ejecutoriados, que marcan con una línea de agua la trayectoria de la ley ambiental.
El liderazgo de Ecuador en este ámbito puede tener un efecto dominó global. Margil dijo que su organización está ocupada atendiendo llamadas desde países interesados, como Nepal, que actualmente está escribiendo su primera constitución.
Pese a toda la esperanza y progreso tangible que representa el articulado de “los derechos de la naturaleza” en la Constitución de Ecuador, sin embargo surgieron conflictos y contradicciones con las leyes y la realidad política de la tierra. Un defecto fundamental en la Constitución también responde a la negativa de Correa a incluir una cláusula que por mandato libre, anterior e informado asigne consentimiento a las comunidades para el desarrollo de proyectos que afectarían los ecosistemas locales.
“Espero que ellas no luchen”, dijo Margil, refiriéndose a las industrias extractivas transnacionales. “Su pan y mantequilla está basado en su capacidad de tratar a los países y ecosistemas como hoteles baratos. Las corporaciones transnacionales están dependiendo de la devastación del planeta para aumentar sus fondos”.
La nueva Ley Minera de Ecuador, introducida por el propio presidente Rafael Correa y apoyada por las compañías canadienses que explotan la mayoría de las concesiones mineras en ese país, es un testamento al pronóstico de Margil. La Ley Minera permitiría la explotación de metales a gran escala y a cielo abierto en prístinas montañas andinas y en la selva amazónica. Importantes manifestaciones a escala nacional han protestado y acusado a Correa de invitar al desastre social y ambiental, por vender los intereses mineros a empresas a foráneas.
Carlos Zorrilla, director ejecutivo de Defensa y Conservación Ecológica de la región ecuatoriana de Intag, quien ha sido un defensor incansable del ambiente contra las corporaciones mineras transnacionales, dijo que mientras la nueva Constitución parece buena en el papel, “en la práctica invalida los derechos de la naturaleza” porque los gobiernos, como el de Correa, argumentarán que financiando su proyecto político traerán “bienestar y aliviarán la pobreza”.
Incluso, aunque el presidente ecuatoriano Correa abrace el modelo extractivo de desarrollo económico, la inclusión de “los derechos de la naturaleza” en una constitución nacional fija un precedente inspirador y revolucionario. Si la historia es algún indicador, los ecuatorianos lucharán con éxito por “los derechos de la naturaleza”, con o sin su presidente.
Tema Nº 17 Corte Penal Internacional apoya guerra secreta de EEUU en Sudán
Por Thalif Deen (“Inter Press Service”), Keith Harmon Snow (“Dissindentvoice.org”) y Mohamed Hassan, entrevistado por Grégoire Lalieu y Michel Collon (“Michelcollon.info”)
Traducción de Ernesto Carmona (especial para Argenpress)
Washington promovió la acusación del Tribunal Penal Internacional (ICC, su sigla en inglés) al presidente de Sudán Omar al-Bashir por crímenes de guerra en Darfur para justificar la perpetuidad de la explotación occidental de los recursos naturales y de las intervenciones militares en esa rica región.
“EEUU es un país oportunista”, explicó el embajador sudanés ante la ONU, Abdalmahmood Abdalhaleem Mohamad. “Utiliza a la ICC sin formar parte de la misma”. Los soldados de EEUU tienen inmunidad, pero no el presidente de Sudán, dijo. El embajador también desafió a los reporteros acreditados en la ONU mostrándoles innumerables fotografías y películas de Darfur que igualarían la destrucción de vidas humanas y de hogares en Gaza, Iraq y Afganistán. “¿Quién es responsable de estos daños y destrucción?”, preguntó.
Al preguntársele por qué Sudán está en la mira, el diplomático sudanés respondió que las naciones occidentales codician las nuevas riquezas petroleras descubiertas en ese país. En términos de exploración petrolífera y suministros de armamentos, las potencias occidentales fueron desplazadas de la región por China, que en los últimos años se convirtió en uno de los aliados políticos, económicos y militares más cercanos de Sudán. Mohamad explicó que EEUU, el Reino Unido y Francia “abrigan el deseo de restablecer sus sueños coloniales en Sudán”.
Keith Harmon Snow advirtió (en Dissindentvoice.org): “Es difícil encontrarle sentido a la guerra en Darfur, especialmente cuando la gente lo ve como un “genocidio unilateral” de árabes contra negros que está siendo cometido por el régimen del al-Bashir, pero ésa es la propaganda dominante. La historia real es mucho más extensa, más compleja y gira alrededor… de nuy profundas realidades geopolíticas”.
Michele Colon (Michelcollon.info) explicó que cuando el imperio británico invadió y colonizó Egipto en 1898, por extensión Sudán se convirtió en una colonia anglo-egipcia. Como en otras colonias africanas, Gran Bretaña aplicó la política de “divide y reinarás”. Sudán fue dividido en dos porciones: en el norte mantuvieron el árabe como lengua oficial y el Islam como religión; en el sur fue impuesta la lengua inglesa y los misionarios convirtieron a la gente al cristianismo. No hubo comercio entre las dos áreas. Los británicos importaron minorías griegas y armenias para crear una zona tapón. Gran Bretaña también impuso un sistema económico moderno que podríamos llamar capitalismo. Construyeron una línea de ferrocarril para conectar Egipto y Sudán y otra, para conectar Jartum con Port Sudan. Estas líneas de saqueo fueron utilizadas como un sifón para extraer los recursos naturales de Sudán hacia Gran Bretaña y venderlos en el mercado internacional. Jartum se convirtió en un centro económicamente dinámico de la actividad colonial.
Esta división impuesta a Sudán y la designación de Jartum como su centro económico condujeron a una serie de guerras civiles. Cuando Sudán ganó la independencia en 1956, todavía no existían relaciones entre ambas partes del país. La primera guerra civil fue desatada por la demanda del sur de Sudán de un reparto equitativo del control y la riqueza, que todavía seguía concentrada en Jartum. Cuando Chevron descubrió importantes campos petrolíferos en el sur de Sudán, en 1978, explotó una segunda guerra civil en que el norte de Sudán reclamaba esos ingresos. Las relaciones entre EEUU y Sudán se agriaron mientras los motivos de Chevron en la región entraron en conflicto con los de Omar al-Bashir, el nuevo presidente de Sudán asentado en Jartum.
En este ajuste -señaló Colon-, con el petróleo sudanés deslizándose lejos de los intereses estadounidenses, apareció China, dispuesta a comprar minerales y petróleo crudo de Sudán a precios del mercado internacional. Considerando que África era un coto de caza privado de occidente, China ahora compite por la dominación del rico continente africano.
La agenda occidental para Darfur es escamotearle por detrás a Sudán el control de los recursos naturales, debilitando al gobierno árabe y estableciendo un gobierno más “amistoso” que se acomode a los intereses corporativos de EEUU, Canadá, Europa, Australia e Israel.
Estrategia mediática imperial
El ICC fue utilizado en la estrategia para volcar a la opinión mundial contra al-Bashir y el gobierno de Sudán y, más lejos, para dividir y desestabilizar a la región. La legitimidad del tribunal esta comenzando a cuestionarse mientras se exhibe como una herramienta de la hegemonía occidental.
Siguiendo en los talones a la noticia de los siete cargos de crímenes de guerra contra al-Bashir lanzados por el ICC -una historia vista en su día por TV en todos los hogares estadounidenses- el presidente al-Bashir ordenó la expulsión de diez organizaciones no gubernamentales internacionales (ONGs) que operaban en Darfur bajo la chapa de ayuda humanitaria.
Snow señaló que esta expulsión fue utilizada para darle más fuerza a la demanda pública occidental por una intervención militar. “Los lectores de noticias de las grandes cadenas de TV hablaron de ultraje moral y se quejaron de que ‘cientos de miles de refugiados inocentes ahora serían objeto de un sufrimiento masivo sin asistencia’, en oposición al sufrimiento asistido que enfrentaron previamente. Pero nunca preguntaron, con alguna seriedad y honestidad ¿por qué? y ¿cómo? esas personas comenzaron a convertirse en desplazadas y refugiados. Ninguno preguntó por todo el dinero, inteligencia compartida, fabricación de acuerdos y la colaboración de agencias militares privadas o gubernamentales [entre ellas muchas ONGs “humanitarias”]”.
Lo que no se divulga en la prensa de habla inglesa es que EEUU acababa de intensificar su guerra en desarrollo por el control de Sudán. Hay fuerzas especiales de EEUU en tierras de la región, y las grandes preguntas son: 1) ¿cuántas masacres están siendo cometidas por el poder de fuego de las fuerzas de EEUU y atribuidas a al-Bashir y al gobierno de Sudán?; y 2) ¿quién financia, arma y entrena a los rebeldes insurrectos?
Colon concluyó que mientras la estrategia occidental consiste en magnificar conflictos regionales a fin de movilizar a la opinión pública internacional y desestabilizar al régimen sudanés, “la verdad es que si Jartum llegara a levantar una alianza con China, EEUU no mencionaría más a Darfur”.
FUENTE