Santa Cruz recibió $ 517 millones y aún no explicó en qué los gastó
Fondos que tenían un destino específico. Es un cargo que se suma a las facturas de todos los usuarios de electricidad del país. (EN LA BOLETA. El fondo de Santa Cruz aparece en las facturas de electricidad dentro de los impuestos y cargos que gravan al consumo.)
Dos décadas sin rendición de cuentas fue la principal razón para que la Cámara de Diputados de la Nación diera, el jueves, el primer paso para la derogación del subsidio que, desde 1989, recibe la provincia de Santa Cruz, por no haber estado conectada al sistema eléctrico nacional.
En 21 años, la provincia patagónica recibió $ 517.289.610, producto de un gravamen que se les cobró, y se cobra, a todos los argentinos en su boleta de luz. Ese dinero era para que Santa Cruz los invirtiese en la realización de las obras necesarias para lograr su conexión al Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Los fondos aportados desde todos los rincones del país no se usaron para los fines estipulados por la ley creada por el ex presidente Raúl Alfonsín, sino que además nunca se rindió cuentas sobre el uso del dinero.
La ley 23.681 estableció un "recargo sobre el precio de venta de la electricidad de seis por mil de las tarifas vigentes, aplicadas a los consumidores finales". Santa Cruz no era la única provincia beneficiada. También estaba Misiones, que se conectó al SADI en 1996 y se despidió de los fondos.
El texto de la ley es ambiguo, situación que le dejó a la provincia patagónica la puerta abierta en el uso indiscriminado de lo recaudado por el seis por mil. El artículo tres del texto de la ley nunca fue claro: "El producto total se destinará a la Empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado de la provincia de Santa Cruz, con el objeto de realizar inversiones en los sectores eléctricos y reducir el nivel de las tarifas aplicadas a los usuarios de electricidad, a los efectos de que las tarifas tiendan a alcanzar los niveles promedios del resto del país". No se habla de obras de interconectado, pero si de inversiones. Las tarifas eléctricas de Santa Cruz nunca alcanzaron los niveles promedios, la obra de interconexión la ejecutó el Gobierno Nacional y los fondos terminaron financiando el funcionamiento de Servicios Públicos, la empresa de energía eléctrica santacruceña, que al ser un ente autártico no tiene el peso del Tribunal de Cuentas sobre sus espaldas. Ningún organismo de control auditó la ruta del dinero.
El diputado nacional por la Coalición Cívica, Juan Carlos Morán, junto con el aval de los partidos de la oposición fue uno de los responsables para lograr discutir la derogación de la ley. Moran viajó a Santa Cruz y realizó una presentación ante Servicios Públicos para lograr obtener una rendición de gastos. No lo logró. Tampoco lo logró la oposición provincial. "Chaco, Formosa y Corrientes no tienen gas y están aportando al fondo de una provincia rica como Santa Cruz", explicó a Clarín, Morán. "Hemos dado el primer paso importante para eliminarle una caja oscura y política a Kirchner", sentenció.
El gobierno de Néstor Kirchner le adjudicó la obra de interconexión a la empresa Intesar, propiedad de la cuestionada Electroingeniería, por $ 460.905.301, que pagará la Nación La obra es investigada por la Justicia por presuntos sobreprecios. En 2001, el decreto 1378 de Alfredo de la Rúa le dio otro beneficio al terruño K: mantener el impuesto "durante el plazo que resulte necesario para cubrir los costos de la obra de interconexión", incluso si la obra fue terminada. "No quieren rendir cuentas porque tendrían que devolver plata", aseguró a Clarín, Gustavo Calleja, ex subsecretario de combustibles de Alfonsín y conocedor del entretelón de la ley.
Del total recibido por Santa Cruz, 286 millones fueron administrados por Kirchner siendo gobernador. La Secretaría de Energía de la Nación es la encargada de transferir los fondos recaudados. El actual secretario de Energía, Daniel Cameron, también fue el encargado de recibirlos: fue director de Servicios Públicos. Hasta 2005, el tope de transferencia anual por el seis por mil, a Santa Cruz, fue de 26 millones de pesos. Kirchner lo aumentó a 35 millones.
Desde Santa Cruz, el gobernador Daniel Peralta, salió a defender el impuesto: "Hablaremos con la Presidenta para que lo vete", refiriéndose al proyecto opositor, y adelantó una reunión con el ministro Julio De Vido. El operativo freno ya está en marcha.
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