Legalizar la ilegalidad
25/09/08– 18:00 - Un lector realizó un interesante posteo en relación a la búsqueda de algunos interesados en sostener el negocio de la prostitución presionando para que la Municipalidad de río Gallegos acepte normar una actividad que es ilícita de sus inicios y está prohibida en todo el territorio del país. Bajo el seudónimo de “El Negado” el lector expresa lo siguiente.
Como es costumbre, cuando hay un posteo con el debido interés sobre temas importantes le damos espacio en la portada. Consideramos al siguiente una interesante apreciación que si bien es anónima está provista de fundamentos sustanciales en su planteo.
El Negado
Mal que le pese a cualquiera, lo que la sociedad está presenciando es nada más, pero nada menos, que la extorsión descarada de un hato de delincuentes de la peor calaña: rufianes y proxenetas.
Este tipo de personajes -por llamarlos de alguna manera- pretenden que la Municipalidad de Río Gallegos, avale con una normativa la ilegalidad de los actos que -a la luz de la legislación vigente- es claramente un delito:
Art. 17. – Los que sostengan, administren o regenteen, ostensible o encubiertamente casas de tolerancia, serán castigados con una multa de doce mil quinientos pesos como mínimo y ciento veinticinco mil pesos como máximo. En caso de reincidencia sufrirán prisión de 1 a 3 años, la que no podrá aplicarse en calidad de condicional. Si fuesen ciudadanos por naturalización, la pena tendrá la accesoria de pérdida de la carta de ciudadanía y expulsión del país una vez cumplida la condena; expulsión que se aplicará, asimismo, si el penado fuese extranjero. (Ley Nº 12.331)
Por lo que se puede apreciar a través de los medios de comunicación (bastante poco informados, por cierto y demasiado tendenciosos en su totalidad), la Municipalidad a través del Secretario de Gobierno, persigue dos objetivos fundamentales a saber:
1.- No permitir que locales comerciales que funcionan en forma irregular continúen haciéndolo, obligando a sus propietarios a inscribirlos legalmente ajustándose a la legislación vigente, para lo cual se propone el rubro de “Cabaret”.
2.- No permitir que se ejerza la prostitución en la forma en la que se está haciendo en estos “establecimientos”, contraviniendo expresamente la legislación Nacional vigente:
Art. 15.– Queda prohibido en toda la República el establecimiento de casas o locales donde se ejerza la prostitución, o se incite a ella. (Ley Nº 12.331).
En el caso del punto 1.-, la legislación local establece que el “Cabaret” es un local con pista de baile, expendio de bebidas alcohólicas y alternadoras que alternen con el público, además de la posibilidad de ofrecer espectáculos públicos. Asimismo se prevé expresamente que, para estos locales, está vedado el ingreso y/o permanencia de menores de 18 años.
El punto 2.- es el que más molesta a estos delincuentes, dado que es el que más los perjudica: ya no podrán seguir explotando sexualmente a las mujeres que actualmente regentean, no podrán seguir trayéndolas engañadas desde el norte del país, no podrán seguir falsificando documentos para hacer pasar a menores por mayores de edad ni podrán tenerlas privadas de la libertad para que cumplan las “plazas”; por ende, no podrán seguir lucrando con el sexo de otros.
Yo argentino, (en un post publicado en la nota anterior y que trata el mismo tema) dice: “Los propietarios de esas Casas de Tolerancia dan trabajo a muchas personas de esta ciudad”, lo que no dice Yo argentino, es que ese trabajo es absolutamente en negro, sin aportes de ningún tipo, sin una cobertura médica ni social y no se ha conocido caso de que se les pague a las trabajadoras del sexo, una asignación familiar por hijo. Por lo tanto, el argumento de este señor se cae por su base.
Otro de los argumentos que esgrime Yo argentino -entre una barahúnda de incoherencias- es “Hoy la ciudad de Río Gallegos tiene el mas bajo índice de violación en la vía publica”, argumento que surge de un supino desconocimiento de la realidad, dado que los índices serán bajos en el caso de hechos consumados en la vía pública, pero nada dice de los hechos acaecidos intramuros, muchos de los cuales son perpetrados contra menores.
Por último, en lo que se refiere a las incoherencias de este personaje, ya finalizando su aguerrida defensa de la ilegalidad, dice: “Estoy en contra del rufianismo y la Trata de Persona. Pero al fin y al cabo cumplen un rol social, es mal necesario a pesar que a mucho le guste o no”, cuando justamente, el rufianismo y la trata de personas es el efecto colateral y primario de este tipo de actividad ilegal -las pruebas están a la vista, baste recorrer las páginas de los diarios del último año-. Huelga cualquier análisis al respecto.
Muy lejos de ser un pacato reaccionario –soy conciente que las trabajadoras del sexo cumplen (en cierto modo) una función social, por nada es la “profesión más antigua del mundo”)- y no abogo hipócritamente por una prohibición taxativa del trabajo sexual, considero que se deben buscar los mecanismos para permitir que, quienes elijan este rubro como medio de vida, se encuentren incursos en la legislación vigente (la prostitución no es ilegal, contra lo que se ha expresado en las diversas opiniones), y cuenten con un servicio de controles de salud, seguridad, prevención y tratamiento de las adicciones y, por sobre todas las cosas, que se les garantice la seguridad de que se les protegerá de drogas, maltrato, muerte, trata de menores, etc.
Todo este prolegómeno, en el que tal vez me extendí demasiado, es simplemente para adscribir fervientemente a lo que está actuando la Municipalidad a través de su Secretario de Gobierno, (el “Elliot Ness” de los proxenetas) y del Juez de Faltas, quienes mantienen su postura de no dar un paso atrás en la empresa de ordenar un poco el descalabro que significaron, a lo largo de su historia, las “Casitas de tolerancia”.
(Posteo sobre la nota ¿Es tarea de Secretario de Obras Públicas mediar con los prostíbulos? Del día de la fecha) – (Agencia OPI Santa Cruz)
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