La Veleta Informativa

Cita:

En su presentación ante el Tribunal Arbitral del Mercosur -en cuya jurisdicción se está debatiendo el conflicto suscitado por los cortes de rutas que interrumpieron durante varias semanas el tránsito en los puentes binacionales sobre el río Uruguay-, la cancillería de nuestro país ha utilizado una argumentación equivocada. Ha dicho, en efecto, que el gobierno argentino se abstuvo de adoptar medidas que garantizaran la libertad de tránsito en esas vías internacionales porque debió respetar el derecho de los ciudadanos a expresarse libremente, lo cual es un derecho humano fundamental. Según el razonamiento expuesto por nuestra cancillería, en el conflicto entre dos derechos -el que garantiza la libertad de expresión de los ciudadanos y el que asegura la libertad de circulación en los puentes- se habría optado por privilegiar el primero, pues es el que tiene, en nuestro sistema constitucional, un rango superior. Nadie puede dudar de que la libertad de expresión es un derecho fundamental. Pero sostener que toda acción humana debe ser tolerada o aceptada en la medida en que conlleva la expresión de una idea o de un pensamiento constituye un exceso, inconciliable con el pleno funcionamiento de un Estado de Derecho. Un razonamiento de ese tipo llevaría a justificar cualquier conducta, incluso la que exhibiera un carácter definidamente delictivo o antisocial. La libertad de expresión tiene un ámbito definido de aplicación: es el que se refiere a la libre manifestación del pensamiento por la vía del lenguaje o de los signos que inequívocamente posibilitan la comunicación social o humana. Trasladar los principios inherentes a la libertad de expresión a un ámbito que no es el que le corresponde, con el fin de avalar o defender comportamientos sociales delictivos, es alentar una confusión de conceptos que conspira contra los niveles mínimos de racionalidad que imponen la convivencia civilizada y el respeto a un orden jurídico determinado. Al mismo tiempo, parece una invitación a que cualquier grupo o sector de la sociedad justifique cualquier tipo de desmanes con el pretexto de que tiene derecho a expresarse libremente. Y no deja de ser también un ejemplo del doble discurso y la hipocresía que se advierte en un gobierno que habitualmente consiente los piquetes menos cuando pueden afectar intereses políticos de sus dirigentes, como en Santa Cruz, donde no se dudó en reprimir a los manifestantes. Como lo hemos dicho otras veces en esta columna, impedir el ejercicio del tránsito en puentes, rutas o caminos de uso público significa lesionar autoritariamente el derecho de entrar, permanecer, transitar y salir del país, que la Constitución reconoce a todos sus habitantes. El hecho de que un grupo de vecinos esté ejerciendo legítimamente su libertad de expresión y esté manifestando una protesta a la que sin duda tiene derecho no puede ser usado como argumento para justificar la ejecución de actos ilícitos, completamente ajenos a esa libertad y dirigidos a lesionar abusivamente la libertad de tránsito. El derecho a transitar libremente por la vía pública, por otra parte, está reconocido expresamente en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y en otras importantes convenciones internacionales. Lo dicho no significa, por supuesto, desconocer ni minimizar la legitimidad de los reclamos y las protestas de los ciudadanos de Gualeguaychú, dirigidos a impedir que se lleven adelante proyectos industriales que puedan alterar las condiciones ambientales de la región. Esos reclamos y esas protestas deben ser canalizados por las vías institucionales que corresponden. La acción directa y los cortes de rutas no son los métodos que una sociedad madura y responsable debe utilizar para que sus puntos de vista sean oídos. Al contrario, la experiencia histórica enseña que esos procedimientos agudizan los enfrentamientos irracionales y tienen, en definitiva, efectos contraproducentes. La mejor argumentación que los argentinos estamos en condiciones de esgrimir en los foros internacionales es la que confía en las buenas razones, avaladas por sólidos fundamentos de orden técnico y acompañadas, en lo posible, por hechos concretos demostrativos de que en nuestro propio territorio nacional existe una voluntad de combatir la contaminación similar a la que reclamamos de los otros países. Los ciudadanos de Gualeguaychú han mostrado firmeza en la defensa de sus convicciones y de sus derechos, más allá de alguna extralimitación. Es necesario que la causa en defensa del medio ambiente sea apoyada por todos los argentinos con espíritu solidario, con un alto nivel de racionalidad y, desde luego, con un sentido de equilibrio y prudencia en la elección de las estrategias adecuadas. Y es necesario también que las argumentaciones desplegadas por el Gobierno en el ámbito internacional guarden plena coherencia con esos principios y esos conceptos rectores.