Una ley americana permite condenar a 20 años de cárcel a una persona que borre el historial del navegador, si los datos que contiene están relacionados con una investigación. Aunque esa persona no sepa que está siendo investigada, e incluso aunque no sea acusada de ningún crimen.
"El concepto de tener que guardar un registro permanente de todo lo que has hecho, que tengas que guardar todo el contenido de tus papeleras eternamente, y que tengas que dejar la puerta de la calle sin cerrojo para que entre la policía a realizar una inspección en cualquier momento, no es el ideal de país que nos impusimos a nosotros mismos hace 200 años", afirma Hanni Fakhoury, abogado de la Electronic Frontier Foundation, una organización que lucha por los derechos civiles de los internautas.
Borrar el historial del navegador se ha convertido en una rutina que muchas personas realizamos a diario. Los propios browsers permiten hacerlo automáticamente, y programas como CCleaner llevan a cabo esta tarea por defecto.
No lo hacemos para burlar la ley o borrar pruebas incriminatorias (al menos la mayoría) sino para preservar nuestra intimidad, impedir que compañías publicitarias nos rastreen, mejorar el rendimiento del navegador, y recuperar espacio perdido.
En Estados Unidos, la ley Sarbanes-Oxley Act de 2002 permite condenar con hasta 20 años de cárcel a quien borre o destruya datos que puedan ser relevantes en una investigación. Se aprobó tras el escándalo Enron y la burbuja financiera, cuando las empresas inmersas en tramas de corrupción y prácticas financieras ilegales destruyeron miles de documentos y ficheros de ordenador que las incriminaban, o al menos las hacían sospechosas.
El problema de este acta es que no pone ningún límite a este poder de las autoridades. Pueden acusar de borrar datos a personas que no saben que están siendo investigadas, o que no son acusadas de ningún delito. Incluso años después de que hayan eliminado los datos.
Los defensores de los derechos civiles afirman que la ley no ha cumplido su objetivo, pues ningún banquero o trabajador de una empresa ha sido acusado de borrar pruebas, pese a que fueron pillados o cometieron delitos. Sin embargo, se ha utilizado en numerosas ocasiones para acusar a ciudadanos individuales que no sabían que estaban siendo investigados, o no sabían que estaban borrando pruebas.
En 2010, el estudiante universitario David Kernell fue condenado en aplicación de la ley Sarbanes-Oxley tras borrar su historial del navegador, y descubrir después que estaba siendo investigado por acceder al correo de la política republicana Sarah Palin. En 2014 Khairullozhon Matanov, un amigo de los terroristas del maratón de Boston, fue acusado del mismo delito (borrar su historial del navegador que contenía datos de su relación con los terroristas), pese a que no ha sido acusado de nada en relación a los atentados, y él afirma que sólo eran sus amigos. En 2002 una mujer fue encarcelada por borrar un vídeo de pornografía infantil que se había bajado su novio, sin saber que había una investigación. Si hubiese sabido que era investigada quizá no lo habría borrado, o habría entregado ella misma el vídeo a la policía, y no hubiese ido a la cárcel.
¿Es justo que exista una ley que castigue un acto antes de que el acusado sepa que puede ser acusado? ¿Debemos guardar el historial de navegación toda la vida por si un día la policía entra por la puerta y nos acusa de algo?
Sus defensores argumentan que nadie va a ir a la cárcel por borrar el historial de forma rutinaria, y que los condenados estaban relacionados con delitos.
Sus detractores sostienen que la ley no se usa para lo que se creó, pues ningún banquero o empresario ha sido acusado pese a que cumplían los requisitos para ello. En cambio se aplica de forma indiscriminada con todo tipo de ciudadanos individuales. Critican que las autoridades tienen un poder sin límites para castigar antes de que alguien sea acusado de algo, con una ley que va en contra del uso cotidiano del ordenador, pues cada vez más gente borra el historial del navegador cada cierto tiempo. Incluso todos los días.
Es el eterno tira y afloja entre el derecho a la privacidad, a la intimidad, y la lucha contra el crimen. El problema surge cuando no hay un equilibrio entre ambos extremos. O cuando no hay una ley rigurosa que vigile al vigilante, como ha ocurrido en los escándalos de la NSA y demás agencias de espionaje internacionales.
http://computerhoy.com/
"El concepto de tener que guardar un registro permanente de todo lo que has hecho, que tengas que guardar todo el contenido de tus papeleras eternamente, y que tengas que dejar la puerta de la calle sin cerrojo para que entre la policía a realizar una inspección en cualquier momento, no es el ideal de país que nos impusimos a nosotros mismos hace 200 años", afirma Hanni Fakhoury, abogado de la Electronic Frontier Foundation, una organización que lucha por los derechos civiles de los internautas.
Borrar el historial del navegador se ha convertido en una rutina que muchas personas realizamos a diario. Los propios browsers permiten hacerlo automáticamente, y programas como CCleaner llevan a cabo esta tarea por defecto.
No lo hacemos para burlar la ley o borrar pruebas incriminatorias (al menos la mayoría) sino para preservar nuestra intimidad, impedir que compañías publicitarias nos rastreen, mejorar el rendimiento del navegador, y recuperar espacio perdido.
En Estados Unidos, la ley Sarbanes-Oxley Act de 2002 permite condenar con hasta 20 años de cárcel a quien borre o destruya datos que puedan ser relevantes en una investigación. Se aprobó tras el escándalo Enron y la burbuja financiera, cuando las empresas inmersas en tramas de corrupción y prácticas financieras ilegales destruyeron miles de documentos y ficheros de ordenador que las incriminaban, o al menos las hacían sospechosas.
El problema de este acta es que no pone ningún límite a este poder de las autoridades. Pueden acusar de borrar datos a personas que no saben que están siendo investigadas, o que no son acusadas de ningún delito. Incluso años después de que hayan eliminado los datos.
Los defensores de los derechos civiles afirman que la ley no ha cumplido su objetivo, pues ningún banquero o trabajador de una empresa ha sido acusado de borrar pruebas, pese a que fueron pillados o cometieron delitos. Sin embargo, se ha utilizado en numerosas ocasiones para acusar a ciudadanos individuales que no sabían que estaban siendo investigados, o no sabían que estaban borrando pruebas.
En 2010, el estudiante universitario David Kernell fue condenado en aplicación de la ley Sarbanes-Oxley tras borrar su historial del navegador, y descubrir después que estaba siendo investigado por acceder al correo de la política republicana Sarah Palin. En 2014 Khairullozhon Matanov, un amigo de los terroristas del maratón de Boston, fue acusado del mismo delito (borrar su historial del navegador que contenía datos de su relación con los terroristas), pese a que no ha sido acusado de nada en relación a los atentados, y él afirma que sólo eran sus amigos. En 2002 una mujer fue encarcelada por borrar un vídeo de pornografía infantil que se había bajado su novio, sin saber que había una investigación. Si hubiese sabido que era investigada quizá no lo habría borrado, o habría entregado ella misma el vídeo a la policía, y no hubiese ido a la cárcel.
¿Es justo que exista una ley que castigue un acto antes de que el acusado sepa que puede ser acusado? ¿Debemos guardar el historial de navegación toda la vida por si un día la policía entra por la puerta y nos acusa de algo?
Sus defensores argumentan que nadie va a ir a la cárcel por borrar el historial de forma rutinaria, y que los condenados estaban relacionados con delitos.
Sus detractores sostienen que la ley no se usa para lo que se creó, pues ningún banquero o empresario ha sido acusado pese a que cumplían los requisitos para ello. En cambio se aplica de forma indiscriminada con todo tipo de ciudadanos individuales. Critican que las autoridades tienen un poder sin límites para castigar antes de que alguien sea acusado de algo, con una ley que va en contra del uso cotidiano del ordenador, pues cada vez más gente borra el historial del navegador cada cierto tiempo. Incluso todos los días.
Es el eterno tira y afloja entre el derecho a la privacidad, a la intimidad, y la lucha contra el crimen. El problema surge cuando no hay un equilibrio entre ambos extremos. O cuando no hay una ley rigurosa que vigile al vigilante, como ha ocurrido en los escándalos de la NSA y demás agencias de espionaje internacionales.
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