Tema Nº 16 EEUU continúa haciendo sufrir a Haití
Por Kim Ives (“Haiti Liberté”), Cyril Mychalejko (“Upside Down World”) y RFK Memorial Center for Human Rights
Traducción de Ernesto Carmona (especial para Argenpress)
El gobierno de EEUU expropiará y demolerá los hogares de cientos de familias haitianas del suburbio Cité Soleil, en la capital Puerto Príncipe, para ampliar la base militar de la fuerza de ocupación de la ONU, a un costo de cinco millones de dólares, a fin de albergar a los soldados de la Misión ONU para Estabilizar Haití (MINUSTAH). Estas obras, a cargo de la corporación DynCorp, contratista del gobierno de EEUU y brazo cuasi oficial del Pentágono y la CIA, se anuncian después que burócratas del departamento del Tesoro de la administración Bush se confabularon con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para obstruir por casi una década un préstamo aprobado y destinado a mejorar la calidad del agua potable de Haití, que es una de las peores del mundo.
Cité Soleil fue convertido en un mortífero campo de tiro por la ocupación militar extranjera instalada después que fuerzas de EEUU y Francia secuestraron y exiliaron al presidente Jean-Bertrand Aristide, el 29 de febrero de 2004. Desde entonces, sus habitantes son víctimas de masacres recurrentes perpetradas por la MINUSTAH.
El contrato de DynCorp incluye la extensión de la base principal, la reconstrucción de la comisaría de policía de Cité Soleil y otros dos puestos militarizados, más infraestructura para entrenamiento y adquisición de equipos. Según el alcalde de Cite Soleil, Charles Joseph y un capataz de DynCorp presente en el lugar, los trabajos serán financiados por la USAID, la Agencia Internacional de Desarrollo de EEUU, en una aplicación muy poco ortodoxa de “ayuda al desarrollo”.
El abogado Evel Fanfan, presidente de la Asociación de Graduados de la Universidad Motivatd para un Haití con Derechos (AUMOHD), dijo que la ampliación demolerá cerca de 155 edificaciones. La mayor parte de los edificios condenados son hogares modestos, pero entre ellos hay una iglesia. Desde marzo de 2009 ya se han demolido 80 hogares.
“Comenzaron a trabajar sin decir una palabra a la gente que vivía allí”, dijo Fanfan. “Las autoridades no han dicho qué se está haciendo, tampoco si los habitantes serán relocalizados, cuántos serán indemnizados y ni siquiera si serán compensados”.
Los alarmados residentes formaron el Comité de las Casas que Serán Demolidas (KODEL, por su sigla en creole), que entró en contacto con AUMOHD. Fanfan difundió un comunicado y KODEL ofreció una conferencia de prensa.
“Los soldados de la MINUSTAH vinieron a nuestra rueda de prensa y nos dijeron que consiguiéramos a un abogado que hablara con la Embajada de EEUU porque la embajada americana es responsable del trabajo”, dijo Eddy Michel, pastor religioso asistente.
“Legalmente, el gobierno haitiano no ha autorizado hacer ninguna cosa”, dijo Fanfan. “El alcalde de Cite Soleil, Charles Joseph, supuestamente autorizó la construcción, pero no hay papeles, ningún decreto, ninguna orden que lo autorice”.
El 25 de marzo de 2009, la embajadora de EEUU en Haití, Janet Sanderson, estuvo junto al jefe de la MINUSTAH, Hedi Annabi, en la ceremonia inaugural de una nueva instalación que albergará a 32 policías haitianos, incluyendo una unidad especializada en contrainsurgencia y antimotines, así como un número mayor de tropas de la ONU. (Sanderson fue nombrada embajadora en Argelia por Clinton, en 2000, pero en noviembre de 2001, bajo el gobierno de Bush, estuvo involucrada en el arresto de 24 argelinos que trabajaban en organizaciones humanitarias en la post guerra de Bosnia, quienes terminaron en Guantánamo acusados de “planear ataques terroristas contra las embajadas de EEUU y del Reino Unido en Sarajevo”).
El 31 de marzo de 2008, un comunicado de prensa de DynCorp explicó: “Bajo una orden de trabajo de la Iniciativa para la Estabilización de Haití, International DynCorp proporcionará ayuda para el entrenamiento de 444 miembros de la Policía Nacional Haitiana. La orden incluye que DynCorp International suministre a la policía haitiana fuerza básica y equipamiento especializado no letal, vehículos y equipos de comunicaciones. El valor de este trabajo es de 3 millones de dólares. DynCorp International también se ha encargado de restaurar la principal comisaría de policía de Cité Soleil. Esta estación funcionará como locación primaria de esta nueva unidad especializada. El trabajo de restauración ascenderá a más de 600.000 dólares”.
Conspiración contra el agua potable
Las pruebas de los esfuerzos de EEUU por someter la soberanía de Haití y boicotear los procesos democráticos emergieron el 23 de junio de 2008, cuando los grupos de derechos humanos Zamni Lasante (afiliados a Partners in Health, programa insignia de salud en Haití), el Centro para los Derechos Humanos y Justicia Global y el Centro Memorial para los Derechos Humanos Robert F. Kennedy (Centro RFK) sacaron a la luz el bloqueo de la administración Bush a la ayuda “potencialmente salvavidas” de Haití y su intromisión en los asuntos políticos de la empobrecida nación.
Además de ser la nación más pobre del hemisferio occidental, Haití también tiene la peor agua en el mundo, ubicándose en el último lugar del Índice de Pobreza del Agua. El Centro RFK dio a conocer documentos internos del departamento del Tesoro de EEUU del 4 de agosto de 2008 que expusieron acciones de Washington, motivadas políticamente, para bloquear un empréstito de 146 millones de dólares aprobado para Haití por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El préstamo fue aprobado originalmente en julio de 1998, incluyendo 54 millones para proyectos de extrema urgencia de saneamiento del agua.
Sin embargo, los documentos muestran que el BID y el departamento del Tesoro de EEUU se confabularon para buscar maneras de atar los préstamos a condiciones políticas no relacionadas con el agua que el gobierno de EEUU deseaba imponer al gobierno haitiano. Esta intervención violó descaradamente la carta del BID, que le prohíbe basar sus decisiones en asuntos políticos impuestos por los estados miembros.
“Después de varios años de investigar la retención de estos préstamos, ahora tenemos claro y pruebas detalladas de la notoria intervención del gobierno de EEUU y del BID para bloquear fondos salvavidas para Haití”, dijo Mónica Kalra Varma, directora del Centro RFK. “Con estas transgresiones ahora públicas, debe prestarse atención a los llamados para supervisar la transparencia. Exigimos ejecutar los mecanismos necesarios para impedir la recurrencia de hechos delictivos entre bastidores y, sobre todo, para satisfacer las obligaciones con el pueblo haitiano”.
Nota:
1) Dan Beeton, What the World Bank and IDB Owe Haiti, Global Policy Forum, July 25, 2006.
Tema Nº 15 Fiasco del Banco Mundial con la venta de bonos de carbono
Por Mary Tharin (“Upside Down World”)
Traducción de Ernesto Carmona (especial para Argenpress)
Invocando la protección del medio ambiente, el Banco Mundial comercializa bonos por emisión de carbono que provocan la destrucción de las tierras indígenas de labradío en todo el tercer mundo.
El esfuerzo global por reducir las emisiones del gas de efecto invernadero (GHG, por su sigla en inglés) comenzó en 1997 con el Protocolo de Kyoto, ahora ratificado por 183 naciones, con ciertas estrategias supuestamente alentadoras, pero algunas demostraron tener efectos fatales. El programa de inversión en bonos o “créditos” conocido como Mecanismo para el Desarrollo Limpio (Clean Development Mechanism, CDM), se convirtió en un medio para que los países industrializados eludan reducir sus propias emisiones desarrollando proyectos “reductores de emisión” en países subdesarrollados.
Acatando en apariencia el Protocolo de Kyoto, muchos gobiernos establecieron “topes” a la emisión de gas de efecto invernadero en sus países, pero las industrias dispuestas a evadir esta imposición gubernamental de límites, en vez de reducir responsablemente sus emisiones pueden eludir completamente sus compromiso ambiental mediante la compra de “créditos de carbono” a otras industrias de distintas partes del mundo, es decir, adquiriendo los bonos CDM comercializados por el Banco Mundial.
En otras palabras, en lugar de reducir sus emisiones excesivas, los países ricos pueden “compensarlas” comprando “créditos” de reducción de emisiones en los países pobres. Joris den Blanken, especialista del cambio de clima de Greenpeace, dijo: “La compensación significa exportar las responsabilidades al mundo en vías de desarrollo y anula el incentivo a la industria para que mejore su eficacia o invierta en energía renovable”.
Mientras el Banco Mundial alega que este sistema “apoya el desarrollo sustentable… y beneficia a las comunidades más pobres del mundo en vías de desarrollo”, el programa en realidad se ha convertido nada más que en un lucrativo negocio de beneficio corporativo. De hecho, muchas corporaciones transnacionales utilizan el límite y la comercialización del programa no sólo para eludir su responsabilidad en las emisiones, sino para beneficiarse aún más con el desarrollo de industrias ambiental y socialmente destructivas en países del tercer mundo.
En América Latina, donde una larga historia de expoliación corporativa ya adoptó este peaje escarpado, los ecologistas y las comunidades indígenas están comenzando a protestar abiertamente sobre los peligros del CDM. Debido a un enfoque miope de la sola reducción del gas de efecto invernadero y a una falta de responsabilidad de las comunidades locales, muchos proyectos están produciendo otros males ambientales y sociales que contradicen diametralmente los objetivos indicados por el programa.
Pero los informes del Programa Ambiental de Naciones Unidas (UNEP, sigla en inglés) indican que hasta la fecha se han aprobado 4.364 proyectos con financiamiento del CDM, y el movimiento continúa ganando ímpetu. Según el Fondo de la Fauna del Mundo, el número de nuevas ofertas de proyectos subió drásticamente en apenas pocos años, de menos de diez por mes a principios de 2005, a cerca de 100 mensuales en 2007.
Las industrias de madera y celulosa muestran gran interés en el aprovechamiento del mercado del carbono para justificar y financiar proyectos que implican expropiar granjas indígenas y tierras de pastoreo para sembrar enormes plantaciones mono específicas, que amenazan la biodiversidad del área, absorben el agua y pueden agotar seriamente los recursos hídricos. Según un informe de 2008 de Plantaciones de Japón en Ultramar para Madera y Pulpa Papelera (JOPP, por su sigla en inglés), titulado “Estudio de viabilidad de la repoblación forestal CDM para el desarrollo de la comunidad en extensas tierras de pasto en Uruguay”, “desde un punto de vista ecológico, el establecimiento de plantaciones a gran escala de especies extranjeras en esta área es claramente un paso en la dirección equivocada. Desde un punto de vista social, podría llamarse genocidio cultural”.
La tierra que sería utilizada en “proyectos de repoblación forestal” JOPP, según el informe, se utiliza actualmente para el “pastoreo extenso” de ganado y ovejas. El informe, que preconiza la “elegibilidad de la tierra”, no hace ninguna mención de la gente que la posee, vive en ella, o hace su vida con el uso de la tierra en cuestión. La única alusión a este problema es la breve garantía de que todo el ganado desplazado “sería vendido en el mercado libre”. Pese a que la “producción de ganado y ovejas, desde el siglo XVII ha sido la actividad rural tradicional en el área del proyecto y en todas las regiones circundantes”, el informe sostiene que las plantaciones significan un uso más rentable de la tierra que el pasto. Entonces surge la pregunta: ¿rentable para quién?
El Banco Mundial levanta al CDM como “parte integrante de su misión para reducir la pobreza con sus estrategias de ambiente y energía”. Sin embargo, en América Latina, como en otras partes del mundo en vías de desarrollo, el mercado global del carbono está demostrando ser en gran parte perjudicial para los indígenas y los pobres. Con poco o nada de participación en cómo se conduce un proyecto, las comunidades locales no tienen virtualmente ningún control sobre cómo afectará su tierra, agua y recursos.
En un documental reciente del Observatorio Comercio del Carbono, los aldeanos explican que las plantaciones masivas que cubren cerca de 40.000 hectáreas están absorbiendo el agua de las corrientes locales, causando una disminución aguda de la pesca y la mortandad de plantas medicinales. En una entrevista, una mujer local se lamentó que las plantaciones corporativas “continúan destruyendo nuestra comunidad, destruyendo a nuestros ciudadanos, destruyendo nuestra fauna, destruyendo nuestra flora, y nadie hace ninguna cosa [para detenerlo].”
La falta de responsabilidad de las poblaciones locales es un defecto fundamental en la manera en que se presentan, evalúan y ejecutan los proyectos CDM. El formulario de diseño de proyectos que utiliza el consejo de dirección del CDM para aprobar o negar financiamientos, desatiende en gran parte el impacto de los proyectos en las comunidades locales. El documento no contiene ningún lenguaje jurídico obligatorio y solamente pide un “informe sobre cómo fue tomada la deuda y cualquier comentario recibido” por los tenedores locales. En su evaluación de cuatro proyectos CDM realizados en Brasil y Bolivia, el UNEP indicó que fue encontrada limitada la “participación de los miembros de la comunidad local”.
Mientras el Banco Mundial finge dar importancia a la sustentabilidad y aliviar la pobreza mediante los CDM, fracasa continuamente en entregar resultados positivos para el ambiente o las comunidades perjudicadas del mundo subdesarrollado. El mercado global del carbono está demostrando ser simplemente otra arma utilizada por las corporaciones transnacionales para acelerar su incursión en los derechos de los pueblos indígenas y pequeños tenedores de tierras de América Latina.
La ironía de esta situación adquiere una tonalidad especialmente trágica al observarse que muchas comunidades en riesgo han vivido de manera sustentable durante siglos y deberían ser vistas como verdaderos modelos en la lucha contra la degradación ambiental y el cambio de clima. En lugar de eso, el Banco Mundial adoptó un sistema inadecuado que representa un peligro acuciante para el medio ambiente a expensas de otros aspectos medioambientales importantes y del bienestar de las poblaciones más vulnerables del mundo, a menudo mejor informadas.
Janet Redman, del Instituto de Estudios Políticos, dijo: “Los granjeros [del sur global] están negociando sus derechos de tierra comunales y su capacidad de alimentarse por los caprichos y las fluctuaciones de precio del mercado internacional de los bonos de carbono”. Tema Nº 14 Senadores y representantes invierten en contratistas del Pentágono
Por Lindsay Renick Mayer (“Opensecrets”)
Traducción de Ernesto Carmona (especial para Argenpress)
Más de 151 miembros del Congreso -Senado y Cámara de Representantes- invirtieron hasta 195 millones de dólares en las mayores empresas contratistas proveedoras del ministerio de Defensa, obteniendo ganancias por la ocupación militar de EEUU en Iraq y Afganistán, según un estudio del Centro para la Política Responsable (CRP, por su sigla en inglés), un organismo independiente.
Cuando en abril de 2008, el general David Petraeus, el más alto oficial del ejército de EEUU en Iraq, fue a la Colina del Capitolio para informarle al Congreso, en realidad se dirigió a unos legisladores que tenían mucho más que una preocupación política por la invasión de Iraq. Los mismos senadores y representantes que convocaron a informar al general y al embajador de EEUU en Iraq tenían millones de dólares de dinero propio invertido en corporaciones que participan del negocio de la guerra como proveedoras al departamento de Defensa (DoD, por su sigla en inglés, conocido también como el Pentágono).
En 2006, las carteras de inversiones de 151 miembros activos -más de la cuarta parte del Congreso, que tiene 100 senadores y 435 representantes- tenían entre 78,7 y 195,5 millones de dólares invertidos en corporaciones que suscriben contratos con el Pentágono por cantidades superiores a 5 millones de dólares. Las carteras de inversión incluyen participación en compañías del complejo militar-industrial que cada mes reciben miles de millones de dólares por fabricar y vender a las fuerzas armadas de EEUU casi todas las aplicaciones militares, desde aviones y armas a suministros médicos y refrescos.
Entre los legisladores que han invertido su dinero en corporaciones contratistas del DoD se encuentra John Kerry, senador demócrata por Massachusetts y candidato presidencial en 2004, hasta con 38.209.020 dólares; el representante republicano por Nueva Jersey Rodney Frelinghuysen, con 49.140.000 dólares; el representante republicano por Carolina del Norte Robin Hayes, con 37.105.000; el representante republicano por Wisconsin James Sensenbrenner Jr., con 7.612.653; el representante demócrata por California Jane Harman, con 6.260.000; el representante republicano por Michigan Fred Upton, con 8.360.000; el senador demócrata por West Virginia Jay Rockefeller, con 2.000.002; el representante republicano por Wisconsin Tom Petri, con 5.800.000; el representante republicano por Texas Kenny Ewell Marchant, con 1.163.231; y el representante republicano por Texas John Carter, hasta con 5.000.000.
Cuarenta y siete miembros del Congreso (o el 9% de los 435 miembros de la Cámara y 100 del Senado) invirtieron en 2006 en compañías que trabajan principalmente para el sector Defensa. El precio actual de las acciones promedio de estas sociedades es casi dos veces más alto que en 2004. El CRP estableció que las inversiones de los legisladores en estas empresas contratistas les rindieron utilidades personales de 15,8 a 62 millones de dólares entre 2004 y 2006, incluyendo dividendos, ganancias sobre el capital, derechos e intereses.
Las compañías que tienen inversionistas en el Congreso recibieron más de 275,6 mil millones de dólares del gobierno en 2006. El valor mínimo de las inversiones personales de los miembros del congreso en empresas contratistas de Defensa aumentó 5% entre 2004 y 2006. Empero, debido a que los legisladores están obligados a divulgar sus activos solamente en gamas amplias muy generales, el valor de estas inversiones pudo subir tanto como 160%, o incluso caer en 51%.
El senador demócrata John Kerry y el representante republicano James Sensenbrenner, considerados los dos miembros más ricos del Congreso, estuvieron entre los legisladores que entre 2004 y 2006 obtuvieron mayores ganancias por sus inversiones en corporaciones contratistas del ministerio de Defensa: Sensenbrenner ganó por lo menos 3,2 millones de dólares y Kerry cosechó un mínimo de 2,6 millones.
La mayoría de los miembros de los comités del Senado de Relaciones Exteriores y de Fuerzas Armadas son inversionistas importantes en las compañías de Defensa, aunque los participantes en otros comités relacionados con Defensa también tienen inversiones semejantes. El senador Joe Lieberman -independiente por Connecticut-, presidente de los comités del Senado de Seguridad de la Patria y de Asuntos Gubernamentales, invirtió por lo menos 51.000 dólares en compañías contratistas de Defensa en 2006. El representante Howard Berman -demócrata por California-, que dirige el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, invirtió por lo menos 30.000 dólares en compañías de Defensa.
Como las operaciones militares en Iraq y Afganistán se ampliaron y transformaron, también necesitaron bienes y servicios que se extendieron más allá de helicópteros, vehículos blindados y armas. Las corporaciones gigantes ajenas al sector de Defensa, tales como Pepsico, IBM, Microsoft y Johnson & Johnson, también recibieron contratos del Pentágono y todas constituyen inversiones bastante populares entre los miembros de ambas ramas del Congreso y el público en general.
Un portavoz de Sensenbrenner, quien apoyó la política de la administración Bush en Iraq, dijo que las acciones del representante fueron heredadas de sus abuelos y que son manejadas casi enteramente por sus consejeros de inversión. Según un portavoz del senador Kerry, quien fue particularmente crítico de la estrategia y las políticas de la administración Bush en Iraq, el legislador es beneficiario de inversiones de confianza de su familia que él no controla.
Tema Nº 13 La guerra racial oculta del Katrina
Por A.C. Thompson (“The Nation”) y “Democracy Now!”
Traducción de Ernesto Carmona (especial para Argenpress)
Un informe impactante en la revista “The Nation” reveló cómo grupos de blancos armados patrullaron las calles de Nueva Orleáns tras el paso del huracán Katrina, disparándole a por lo menos once hombres afro-estadounidenses.
Mientras la mayor parte de la ciudad estaba inundada por efecto del Katrina, la Guardia Nacional designó al embarcadero de trasbordadores del sector Algiers Point –que estaba seco y es mayoritariamente blanco– como centro de evacuación de las víctimas transportadas en autobuses a Texas.
Para frenar la gran afluencia de refugiados, un grupo de residentes blancos armados intentó sellar el área y librar a la vecindad de “intrusos”, mientras el gobierno local se había derrumbado y la ciudad se dividía racialmente. La gente predominantemente negra del resto de Algiers comenzó a dirigirse desesperada hacia la franja occidental llamada Algiers Point, algunos caminando sobre los puentes, otros en barco. Mientras los grandes medios describieron a los afro-estadounidenses como saqueadores incivilizados, ahora está claro que los crímenes más serios fueron cometidos por hombres blancos armados.
El miembro de la milicia Vinnie Pervel dijo que perdió su furgoneta Ford en un asalto a vehículos el día siguiente al paso del Katrina por tierra, cuando un hombre africano-estadounidense lo atacó con un martillo. Afirmando prevenir otros robos, Pervel y sus vecinos comenzaron a amontonar un arsenal. “Estuvimos un día y medio consiguiendo armas en los alrededores, obtuvimos cerca de cuarenta”, dijo.
Nathan Roper, otro vigilante, dijo no sentirse feliz de que extraños perturbaran su esquina de Nueva Orleáns y que lo molestó la decisión de la Guardia Nacional de utilizar el muelle de trasbordadores de Algiers Point como punto de evacuación. “Estoy diciéndole que fueron cuarenta, o cincuenta personas a la vez que bajaron de estos barcos”, dijo Roper. Añadió que la milicia fue dotada de armas de mano, rifles y escopetas. “Allí unas pocas personas consiguieron disparar en los alrededores”, dijo. “Sé por lo menos de tres personas que consiguieron el blanco. Sé que hubo un muerto porque el cuerpo quedó al lado del camino”.
Mientras los vigilantes blancos mataron a un total estimado de once víctimas afro-americanas, la policía local nunca realizó investigaciones. Hasta ahora, los crímenes han quedado impunes.
Nunca hubo ninguna investigación sobre los restos carbonizados en un coche quemado encontrados una semana después del golpe del Katrina. Dentro del sedán chamuscado estaban las cenizas, los huesos carbonizados y porciones de carne quemada, dispersos a través del asiento trasero. Eventualmente, los restos fueron llevados a un depósito temporal de cadáveres en el minúsculo St Gabriel.
Los parientes de la víctima (identificada después como Henry Glover) acusaron a la policía de permitir que muriera y quemaran su vehículo. El forense de Nueva Orleáns revisó los restos y declaró “muerte sin clasificar.”
Según testigos, Glover caminaba por el sector Algiers de Nueva Orleáns cuando recibió el disparo. Cuando dos hombres intentaron buscar ayuda médica para Glover, la policía, en vez de ir en auxilio de la víctima, los dejó en custodia, donde los apalearon y regañaron en varias ocasiones.
Mientras Glover se desangró hasta morir en el asiento trasero del automóvil, los oficiales no hicieron nada para intentar salvarlo. Los policías se apoderaron del vehículo cuando finalmente decidieron liberar a los hombres que habían buscado ayuda para la víctima. Un testigo recuerda que un oficial dijo: “El automóvil está bajo custodia policial”.
Tres días después de la irrupción del huracán Katrina en Nueva Orleáns, el africano-estadounidense Donnell Herrington recibió disparos de una escopeta. “Caí de golpe a tierra. Incluso no sabía qué sucedió”, recordó.
Cuando pasaron cerca dos hombres blancos, Herrington les pidió ayuda. “Les grité auxilio, ayúdenme, recibí un tiro”. Según Herrington, la respuesta fue hostil. Uno de los hombres le dijo: “Consigue alejarte de este camión, negro. No vamos a ayudarte. Estamos obligados a matarles nosotros mismos”. Después de derrumbarse frente al porche de entrada de sus vecinos, finalmente Herrington fue llevado al hospital. Al regresar a Nueva Orleáns varios meses después, supo que la policía no había reportado la documentación del ataque.
El programa de TV “Democracy Now!” (¡Democracia ahora!), de Nueva York, mostró imágenes de los cadáveres que fueron abandonados a la putrefacción y a la vista, a veces durante semanas, por personal del ministerio de Seguridad de la Patria, soldados de caballería estatales, personal del ejército, guardias privados de seguridad y policías que “aseguraron” las calles de Nueva Orleáns de las consecuencias del Katrina.
El reportero A.C. Thompson, de “The Nation”, anotó: “Me asustó encontrar tanta gente con bastante información detallada sobre ofensas potencialmente serias, pero ninguna fue entrevistada nunca por investigadores de la policía”. Tema Nº 12 Misteriosa muerte de Mike Connell, ladrón de elecciones y secuaz de Karl Rove
Por Larisa Alexandrovna y Muriel Kane (The Raw Story), Brad Friedman (The Brad Blog) y Mark Crispin Miller (Democracy Now!)
Traducción de Ernesto Carmona (especial para Argenpress)
Misteriosamente murió en un accidente de avión privado Mike Connell, asesor jefe de Karl Rove, principal consejero y estratega de Bush, cuando hacía frente a una citación judicial por el fraude electoral presidencial de 2004 en Ohio. Connell estaba acusado como figura central de un complejo diagrama para convertir electrónicamente -de un solotirón- votos demócratas en republicanos.
En julio de 2008, nombraron a Connell como testigo principal en el caso conocido como “Asociación Vecinal de King Lincoln Bronzeville versus Blackwell”, que fue entablado contra el secretario de Estado de Ohio Kenneth J. Blackwell, el 31 de agosto de 2006, por los abogados de Columbus Clifford Arnebeck y Robert Fitrakis. Inicialmente, Blackwell fue encausado por prácticas de discriminación racial -incluyendo la purga selectiva de electores negros inscritos para votar y la asignación inequitativa de máquinas que registraron y contaron los votos emitidos en diversos distritos- y solicitado para medidas destinadas a prevenir problemas similares durante la elección legislativa de noviembre de 2006.
El 9 de octubre de 2006, una denuncia enmendada añadió cargos por diversas formas de amañar la votación, como también por perseguir el efecto de “privar a los demandantes de sus derechos al voto, incluyendo el derecho a emitir satisfactoriamente sus sufragios sin intimidación, dilución, cancelación o revocación por las máquinas que registran y cuentan los votos emitidos, o tratar de forzar la votación”. Una moción para admitir el caso como discutible, presentada después de la elección de noviembre de 2006, fue rechazada pero en su lugar, otra acusación permaneció vigente como para permitir alegatos.
El caso adquirió ímpetus renovados en julio de 2008, cuando el abogado Arnebeck anunció que actuaba “para mantener la vigencia del caso y para proceder a descubrir eventuales trucos para ayudar a proteger la integridad de la elección presidencial de 2008”. La nueva acción fue fortalecida en parte por presentarse como denunciante el republicano Stephen Spoonamore, experto en la seguridad de tecnologías de información (IT), quien dijo estar preparado para atestiguar lo plausible de la manipulación del voto electrónico en la elección realizada en 2004. La acusación fue activada el 19 de septiembre de 2008 y permitió citar a Connell el 22 de septiembre.
Spoonamore, un republicano conservador que trabaja como experto en detección de fraudes computacionales para grandes bancos, gobiernos extranjeros y el servicio secreto, encontró pruebas de que Karl Rove, con la ayuda de Mike Connell y su empresa GovTech Solutions, robó electrónicamente la elección de 2004 en Ohio para que ganara Bush.
Spoonamore atestiguó que “el sistema de tabulación de votos [que diseñó Connell] permitió la introducción de un computador adicional simple entre el ordenador A y el ordenador B”. A esto se le llama un “hombre al medio” del ataque. Según Spoonamore, “esta colectora centralizada de todas las tabulaciones entrantes del estado [Ohio] haría posible que un solo operador, o un ordenador de equilibrio de fuerza preprogramado, cambiara fácilmente los resultados de cualquier manera deseada por el equipo que controlara el computador C”. Spoonamore testificó vehemente que cometer un delito fue el único propósito del “hombre situado al medio” de la arquitectura computacional.
A pesar de los esfuerzos de Connell para anular su citación para atestiguar, le ordenaron presentarse para una deposición de dos horas, a puertas cerradas, el 3 de noviembre de 2008, apenas 18 horas antes de la elección nacional de 2008. Aunque Connell había expresado buena voluntad de atestiguar, se mostró reticente después de recibir amenazas de Rove.
El abogado Arnebeck presentó pruebas de que Karl Rove amenazó a Connell, advirtiéndole que si “no caía” por el fraude electoral en Ohio, haría frente a un procesamiento por supuestas violaciones a la ley de lobby. Después de conocer esta amenaza, Arnebeck envió cartas al ministerio de Justicia, así como mensajes a altos funcionarios ministeriales, solicitando protección para Connell y su familia contra tentativas de intimidación. La protección del testigo fue desatendida a pesar de la situación de elite de Connell como consultor republicano clave durante años, cuya empresa New Media Communications proveyó de servicios IT a la campaña Bush-Cheney en 2004, a la Cámara de Comercio, al Comité Nacional Republicano (RNC, su sigla en inglés), así como a muchos candidatos y campañas republicanas.
El escritor e investigador de fraudes electorales Mark Crispin Miller observó que la sincronización y las circunstancias de la muerte de Connell -entre su primera deposición y el juicio- resulta demasiado sospechosa y conveniente para la administración Bush, que no será investigada muy a fondo. Arnebeck y Fitrakis pensaron que más allá de su deposición, Connell actuaría como testigo clave en el caso federal de conspiración. Connell también debía ser interrogado sobre su rol relevante en la desaparición de millares de emails intercambiados entre la Casa Blanca y RNC. Se cree que estos emails, probablemente, habrían vertido luz en el papel de la Casa Blanca en los golpes políticos del Fiscal de EEUU, así como en la decisión de procesar al ex gobernador demócrata de Alabama Don Siegelman [cuyos votos habrían sido robados]. Los abogados del caso dijeron que el testimonio de Connell conduciría a una probable citación a Karl Rove para declarar bajo juramento.
Connell era un piloto experimentado. Su avión había recibido mantenimiento recientemente. Estuvo en la capital de EEUU por negocios aún desconocidos horas antes que su avión monomotor se estrellara cuando regresaba casa, el 22 de diciembre de 2008, apenas a cinco breves kms de la pista de Akron, Ohio. La causa del desplome sigue siendo desconocida.
Una oportuna deposición de Connell pudo haber salvado de hurto electrónico a las elecciones presidenciales de 2008, pues las organizaciones de observadores electorales Bev Harris y Black Box Voting observaron que todavía en 2008 hubo un “hombre al medio del sistema” en Illinois, Colorado, Kentucky y, probablemente, a través de la nación. (1)
Nota:
1) Bev Harris, “Man in the Middle Attacks to Subvert the Vote” Black Box Voting, November 2008
Tema Nº 11 Las transnacionales lucran con la ocupación de Palestina
Por Sara Flounders (Workers World Newspaper), Ann Wright (CommonDreams.org), Palestine News Network y The Coalition of Women for Peace
Traducción de Ernesto Carmona (especial para Argenpress)
Las corporaciones transnacionales e israelíes están directamente involucradas en la ocupación de Palestina. En una fusión de intereses políticos, geopolíticos y religiosos, la ocupación israelí de Cisjordania, Gaza y Altos del Golán está inspirada por intereses corporativos, donde las corporaciones de bienes raíces se benefician con la ocupación para obtener ventajas, desarrollan las colonias o asentamientos israelíes y participan en la construcción y operación de un sistema étnico de separación, idéntico al “apartheid”, incluyendo caminos con puestos de control y murallas. También diseñan y suministran equipos y herramientas para el control y represión de la población civil bajo la ocupación.
El grupo israelí Coalición de Mujeres por la Paz conduce una extensa investigación en terreno para sacar a la luz pública a centenares de compañías transnacionales y sociedades locales implicadas en la ocupación, cuyos resultados están siendo publicados en http://www.whoprofits.org.
El proyecto ahora se centra en tres áreas principales de la participación corporativa en la ocupación: la industrialización de los asentamientos, la explotación económica y el control de la población. En esta etapa no se está investigando la enorme industria militar ni el comercio de armas. (Véase el tema Nº 9).
Los negocios de construcción que hoy están en pleno desarrollo en los territorios ocupados de Cisjordania y Altos de Golán incluyen urbanizaciones así como extensos proyectos de infraestructura, tales como caminos y redes de agua para el uso exclusivo de los colonos israelíes en las tierras confiscadas a los palestinos. El sector de la construcción incluye a vendedores de propiedades inmobiliarias, contratistas, planificadores, proveedores de materiales, seguridad, vigilancia y servicios de mantenimiento.
Mientras el gobierno de EEUU ha sostenido en numerosas ocasiones la ilegalidad de los asentamientos israelíes en tierra palestina, al mismo tiempo estimula la ayuda estadounidense a esos mismos asentamientos mediante exenciones de impuestos a las donaciones, que casi se han duplicado en el último año y están creciendo rápidamente. Una auditoría de los expedientes de impuestos estadounidenses realizada por la agencia de noticias “Reuters” encontró que 13 grupos exentos de tributación y vinculados explícitamente con los asentamientos manejaron la recolección de más de 35 millones de dólares sólo en los últimos cinco años. La ex secretaria de Estado Condoleezza Rice defendió los incentivos fiscales como “humanitarios” y rechazó cualquier comparación con las caridades a favor de los palestinos que hacían frente a sanciones de EEUU por vínculos sospechosos con partidos islámicos, tales como Hamás.
En las zonas industriales israelíes desarrolladas dentro de los territorios ocupados existen centenares de grandes fábricas de corporaciones que exportan sus productos a todo el mundo y otras empresas que abastecen a los colonos. La explotación de los asentamientos se beneficia de alquileres bajos, incentivos fiscales especiales, una aplicación floja de las leyes ambientales, leyes de flexibilidad laboral y otros apoyos gubernamentales. Los palestinos empleados en estas zonas industriales trabajan bajo restricciones severas de sus movimientos y de su organización sindical y con casi ninguna protección del gobierno israelí. Estas ventajas a menudo favorecen la explotación del trabajo del obrero palestino, de los recursos naturales palestinos y del mercado palestino de consumidores.
Economía subterránea de Gaza, la prisión abierta más grande del mundo
Todas las importaciones y exportaciones palestinas son controladas, restringiendo su competitividad con las mercancías israelíes y convirtiendo a los consumidores palestinos en un mercado cautivo que sólo consume productos de Israel. Las restricciones impuestas al desarrollo de la economía palestina y a todos sus servicios básicos de primera necesidad benefician a las corporaciones israelíes.
Las severas restricciones al movimiento de trabajadores y productos palestinos dentro de los territorios ocupados, y en las áreas vecinas, aumenta mucho más la dependencia de la economía palestina de las corporaciones israelíes como patrones y minoristas. La red cada vez mayor de puestos de control y de grandes muros procura la destrucción de la producción local y de la capacidad de negociación de los trabajadores palestinos.
Cuando los ultrajados palestinos de Gaza votaron por la dirección de Hamás en elecciones democráticas, en enero de 2006, Israel impuso un bloqueo total a toda la población de Gaza. Los palestinos, decididos a continuar oponiéndose a la ocupación, encontraron una manera de evitar el hambre total.
La periodista Sara Flounders, del “Workers World Newspaper”, escribió: “El bloqueo israelí condujo a una nueva estructura económica, a una verdadera economía subterránea. Los palestinos sitiados han cavado más de 1.000 túneles bajo una frontera totalmente sellada. Millares de palestinos ahora están empleados en la excavación, el contrabando o el transporte, y la reventa de mercancías esenciales”. El contrabando constituye aproximadamente el 90 por ciento de la actividad económica de Gaza, según el economista local Omar Shaban.
Los túneles conectan a la ciudad egipcia de Rafah con el campamento de refugiados palestino del mismo nombre dentro de Gaza. Se han convertido en una red fantástica de pasillos cavados a través del suelo arenoso que dan sustento a la vida. Típicamente, los túneles miden “tres décimas de milla larga” (483 mt), a una profundidad aproximada de 20 mts, cuestan desde 50.000 a 90.000 dólares y requieren varios meses de intenso trabajo de excavación.
La comida se remolca mediante trineos plásticos, en tanto el ganado en pie pasa a través de los túneles más grandes. A través de estos pasillos subterráneos llega harina, leche, queso, cigarrillos, aceite de cocina, crema dental, pequeños generadores, ordenadores y calentadores de kerosén. Cada día cruzan las fronteras subterráneas cerca de 300 a 400 envases de gas para cocinar. En el lado egipcio, el comercio sostiene una economía en crisis, mientras los guardias y oficiales corruptos o comprensivos miran hacia otro lado.
El cerco israelí de Gaza, mortificada además por 23 días de bombardeos y de invasión sistemática, crea destrucción y escasez masivas. Los israelíes destruyeron las plantas procesadoras de alimentos, criaderos de pollos, depósitos de granos, existencias de alimentos almacenados por Naciones Unidas, casi toda la infraestructura restante y 230 pequeñas fábricas. A la fecha de esta descripción, los guardias israelíes rechazaban el ingreso a Gaza de centenares de camiones que permanecían estacionados en Israel, a la vera del camino, repletos de suministros esenciales enviados por las agencias internacionales y humanitarias.
Tan pronto como terminó el bombardeo israelí, se reanudó el trabajo en los túneles. Sin embargo, Ann Wright, coronel jubilada del Ejército de EEUU, ex funcionaria del departamento de Estado y actualmente activista por la paz, preguntó: “¿Cómo se reconstruirán 5.000 hogares, negocios y edificios públicos cuando la única manera de introducir materiales en la prisión llamada Gaza es a través de los túneles? ¿Acaso las planchas de acero para los tejados se doblarán en 90 grados para pasarlas a través de los túneles de Egipto? ¿Las toneladas de cemento, madera de construcción, materiales de techumbre, clavos, tabiques y pinturas se acarrearán a mano, cargando y cargando por subterráneos a 20 mts de profundidad, a través de un túnel 150 a 250 mts de largo y entonces, los levantarán desde un agujero de 20 mts para cargarlos en el camión que espera en Gaza?”
Para la población de Gaza será doloroso reconstruir sus hogares, negocios y fábricas. Más de 5.000 hogares y construcciones de viviendas resultaron destruidos y fueron agujereados centenares de edificios del gobierno, incluyendo la sede del Parlamento. Dos fábricas de cemento del norte de Gaza fueron totalmente destruidas por las bombas israelíes.
Las fuentes de materiales de construcción, cemento, madera, clavos, vidrios, tendrán que ser trasladadas a Gaza desde el exterior. Israel controla el 90% de las fronteras de tierra del norte y este de Gaza y el 100% del mar del lado oeste de la ciudad, en tanto Egipto controla la frontera sur.
Wright concluyó: “Los israelíes que bombardearon Gaza serán los primeros en beneficiarse financieramente de la reconstrucción de Gaza. La bombardearon y ahora venderán los materiales de construcción para reconstruir lo que han destruido, exactamente como hizo EEUU en Iraq”.
Tema Nº 10 Ecuador declaró ilegítima la deuda externa
Por Daniel Denvir (Alternet), Committee for the Integral Audit of Public Credit (Utube, Fall 2008) y Neil Watkins / Sarah Anders (Foreign Policy in Focus)*
Traducción de Ernesto Carmona (especial para Argenpress)
En noviembre de 2008, Ecuador se convirtió en el primer país que emprendió un examen de la legitimidad y estructura de su deuda externa. Una auditoría independiente encargada por el gobierno de Ecuador documentó centenares de irregularidades y encontró ilegalidad e ilegitimidad en contratos de deuda con prestamistas internacionales depredadores. Los préstamos, según el informe, violaron leyes nacionales de Ecuador, regulaciones de la Comisión de Valores y Bolsa de EEUU y principios generales del derecho internacional. La formación de una comisión auditora del endeudamiento y la invocación de la legitimidad como argumentación legal para cuestionar la deuda sentaron un precedente relevante. En los años 70 Ecuador cayó víctima de prestamistas internacionales sin escrúpulos, que ofrecieron sus préstamos a tarifas de bajo interés. Pero a través de treinta años la deuda del país aumentó 12 veces, desde 1.174 millones de dólares de 1970, a más de 14.250 millones en 2006, en gran parte debido a aumentos de los tipos de interés elevados a discreción por los bancos de EEUU y la Reserva Federal, desde 6% en 1979 a 21% en 1981.
La comisión reveló que en 2000, Salomon Smith Barney, que ahora forma parte del Citigroup Inc., llevó a cabo una reestructuración desautorizada de la deuda de Ecuador aplicando tipos de interés desorbitados, que en combinación con préstamos ilegales contraídos por los dictadores anteriores, convirtieron al país, al igual que muchos de sus vecinos del Sur, en un exportador importante de capitales a sus “benefactores” del Norte. A través de los años, el país ha hecho pagos por la deuda que exceden lejos la cantidad que pidió prestada, con intereses y penalidades devastadoramente usurarias.
De todos los préstamos contraídos entre 1989 y 2006, el 14% fue utilizado en proyectos de desarrollo social. El 86% remanente fue utilizado en pagar deuda previamente acumulada. Continuamente, desde 1982 a 2006, Ecuador pagó a los acreedores de la deuda externa 119.826 millones de dólares en capital e interés, mientras durante el mismo período recibió 106.268 millones en nuevos préstamos, que totalizan una transferencia negativa de 13.558 millones de dólares. Los costos humanos son vertiginosos. Cada dólar endeudado en medios internacionales ilegítimos de crédito está menos disponible para luchar contra la pobreza. En 2007, el gobierno de Ecuador pagó 1.750 millones solamente en servicio de la deuda, más de lo que gastó en atención sanitaria, servicios sociales, ambiente y desarrollo urbano y de viviendas combinados.
Ante tan altos riesgos de “default” [insolvencia], Ecuador tuvo solamente dos opciones: honrar el pago de una deuda dudosa e ilegal con el riesgo de enfrentar malestar social, u omitirlo y hacer frente a la cólera del mercado internacional.
Bajo el sistema del Banco Mundial, que supervisa planetariamente los acuerdos de inversión, no existe responsabilidad pública, ni reglas estándares judiciales ni éticas, y ningún proceso de apelación. Ecuador ha expuesto así un problema grave del sistema financiero internacional: la ausencia de un mecanismo internacional independiente para que los países resuelvan conflictos sobre deuda potencialmente ilegítima e ilegal. Los resultados de Ecuador podrían fijar un precedente para los países endeudados más pobres, cuya deuda ha sido muy criticada como depredadora e inhumana.
Ecuador ha invitado a América latina a forjar una respuesta unida a la deuda externa. Venezuela, Bolivia y Paraguay han creado recientemente comisiones de auditoría de la deuda. El país también ha pedido que Naciones Unidas ayude a desarrollar normas internacionales para regular el mercado de la deuda externa.
Una resolución pendiente en el Congreso de EEUU ofrece un paso ético adelante. La Ley del Jubileo, aprobada en la Cámara de Representantes en abril de 2008, requeriría que el Interventor General (Comptroller General) emprenda auditorías de las carteras de deuda de regímenes anteriores donde existan pruebas sustanciales de préstamos odiosos, onerosos o ilegales. La legislación también da instrucciones al Secretario del Tesoro “para buscar la adopción internacional de un marco jurídico obligatorio para nuevos préstamos que… prevenga decisiones de préstamos irresponsable que deberá hacerse por una entidad independiente de los acreedores; y permita oportunidades justas para que sea oída la gente del país afectado”.
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