Fraude electoral alevoso, robo y reparto de tierras.
Corruptos que hoy son idolatrados.
Corruptos que hoy son idolatrados.
Las buenas relaciones entre la oligarquía bonaerense y Urquiza estaban destinadas a durar pocos meses. Siguiendo una vieja tradición, utilizó los servicios de Urquiza cuando lo necesitó, para abandonarlo en seguida cuando sus intereses empezaron a ser divergentes; ya había hecho lo mismo con Rivadavia, con Dorrego, y acababa de hacerlo con Rosas. La traición a Urquiza no ofrecía, por lo tanto, ninguna novedad.
Como en los tiempos del general Martín Rodríguez, cuando los futuros rosistas se unieron a los unitarios para defender los privilegios porteños contra el ataque de los caudillos federales, ahora nuevamente los ex rosistas se unirán a los ex unitarios para defender una vez más los privilegios del puerto de Buenos Aires frente a los intentos de Urquiza por organizar la nación.
El 11 de setiembre de 1852, la oligarquía porteña, que ahora tiene un nuevo líder en Bartolomé Mitre, dio un golpe de estado aprovechando la ausencia de Urquiza y nombró gobernador al fanático porteñista Valentín Alsina. La unión de unitarios y rosistas en contra de Urquiza fue total. Él propio Mitre afirmó que, dispuesto a pelear, se puso la casaca que le trajo un sobrino de Rosas, Felipe Ezcurra, y tomó la espada y las pistolas que le alcanzaba otro sobrino de Rosas, Franklin Bond.
Años después, Mitre, el gobernador, y Mitre, el presidente, se rodeará de rosistas. No podía ser de otro modo: Mitre hoy, como Rosas ayer, representaban los intereses de la oligarquía terrateniente bonaerense; no había por lo tanto otro equipo político con el que trabajar. Los Anchorena, los Torres, los Obligado seguían siendo los auténticos amos de Buenos Aires,, Alsina y Mitre eran tan solo sus instrumentos.
La era del fraude
Con la organización del país después de 1853, fue necesario armar pour la galeríe el aparato de las elecciones populares llenando con apariencias todos los requisitos legales. La oligarquía necesitó desde ese momento, para poder seguir manteniendo el poder, recurrir al fraude.
El fraude empezaba mucho antes de las elecciones con la inscripción de ciudadanos en los padrones. Se procuraba por todos los medios de que no se inscribieran aquellos de quienes no se tenía la seguridad de que votarían por el candidato auspiciado por el gobierno. En compensación se inscribe por la fuerza a todos los que dependen del gobierno y, como si eso fuera poco, en cada distrito electoral se agrega un número de nombres supuestos igual al de los inscriptos.
El fraude sigue el día de las elecciones impidiendo de todas formas, aun a balazos, que los opositores se acerquen a la mesa electora, en tanto que el votante oficialista vota, repetidas veces, cada vez con un nombre distinto.
El verdadero elector de la Argentina, hasta la Ley Sáenz Peña, era el presidente de la República, que elegía gobernadores de provincias, diputados, senadores y hasta su propio sucesor.
Con la implantación de la Ley Sáenz Peña se suceden catorce años de elecciones limpias, hasta que la oligarquía, cansada de qué el juego le fuera adverso, decide voltear el tablero. Luego del golpe militar de 1930 vuelve nuevamente el régimen del fraude más escandaloso en las elecciones de Justo, primero, y de Ortiz, después.
A la caída del peronismo el país ya estaba demasiado evolucionado para el fraude, se creó entonces el sistema más elegante de las elecciones "restringidas", donde se excluye todo partido que no convenga a! mantenimiento del régimen.
El reparto de la tierra pública
El reparto de la tierra pública, el latifundismo y la creación de una oligarquía terrateniente, tres aspectos de un mismo proceso, tienen, como ya vimos, su lejano origen en la época colonial con las "mercedes de estancia" otorgadas por el rey. Se acentúa mucho después de la Revolución de Mayo y conoce sus momentos más altos con la ley de Enfiteusis de Rivadavia, con el gobierno de Rosas y después de Caseros, sobre todo con el gobierno de Roca.
En el período comprendido entre 1876 y 1893 se enajenaron 42 millones de hectáreas de tierras públicas, llegando a subastarse 400 leguas en una sola operación en Londres a $ 0,48 la hectárea.
En los comienzos del siglo XX la tierra estaba completamente repartida. E! censo nacional de 1914 indicaba la existencia de 2.958 propiedades de 5.000 a 10.000 hectáreas; 1.474 de 10.000 a 25.000, y 485 de más de 25.000 hectáreas. Entre estas últimas, aunque no lo diga el Censo, existían algunas cuyas superficies pasaban las 100.000 hectáreas.
En cuanto a la provincia de Buenos Aires, según datos extraídos por Jacinto Oddone de la Guía de Contribuyentes, tan solo cincuenta familias son dueñas, en conjunto, de más de cuatro millones de hectáreas, valuadas, a los efectos de su contribución, en cerca de mil millones de pesos.
Entre esas familias se cuentan los, clásicos apellidos de la oligarquía: Anchorena, Alzaga Unzué, Luro, Pereyl ra Iraola, Pradere, Guerrero, Leloir, Graciarena, Santamarina, Duggan, Pereda, Duhau, Herrera Vegas, Zuberbühler, Martínez de Hoz, Estrugamou, Díaz Vélez, Casares, Atucha, Drysdale, Cobo, Bosch, Drabble, Bunge, Pueyrredón, Ortiz Basualdo, Mulhall, Pourtalé, Llaudé, Saavedra, Deferrari, Crotto, Stegmann,Perkins,Otamendi,Aguirre, López Lecube, Taillade, Lastra, Apellanis, Alvear, Tornquist, Lyne Stivens, Fernández, Van Pennewitz, Rooth, Hale, Durañóna, Parravicini.
El general Roca, uno de los mayores entregadores de la tierra pública, informaba al Congreso que hasta 1904 el Estado había otorgado títulos de propiedad a particulares, que abarcaban 32.447.045 hectáreas.
Todas las tierras concedidas estaban ubicadas en las zonas más fértiles; las que conservaba el Estado se encontraban, en cambio, en lejanos territorios nacionales y eran, por lo tanto, de menor valor. La enorme valorización de la tierra la fortuna de los terratenientes, que la habían comprado por nada o la habían recibido como regalo de gobiernos excesivamente complacientes con sus familiares y amigos.
Para darnos una idea de la valorización, Jacinto Oddone calcula que el precio de una hectárea en 1836 era de 0,42 centavos, y en 1927 llegaba a $ 1.840 por hectárea. Un peso invertido en tierra en el año 1836 se convertía en el año 1927 en $ 4.380. En el curso de menos de cien años el valor de la tierra había aumentado el 438,000 por ciento.
En el momento actual puede decirse que el 1 % de los propietarios tiene en su poder el 70 % de la tierra explotable, en tanto que el(50 % de todo el ganado vacuno está en poder del 2,4 % de los propietarios. 11.002 propiedades, que constituyen el 1,95'% de los establecimientos de más de 2.500 hectáreas, cubren el 59,45 % de la tierra.
En la provincia de Buenos Aires tan solo 272 personas poseen casi la sexta parte de la provincia; 5 familias tienen más de un millón de ha. Pero la oligarquía latifundista consigue todavía hoy escritores que hagan la apología del latifundio.
En tanto los productos agropecuarios se cotizaron bien en el mercado mundial, el país, gobernado por la oligarquía agropecuaria, prosperó; pero cuando estos productos comienzan a perder su valor y los países exportadores de materias primas entran en crisis, la oligarquía agropecuaria, más atenta a sus propios intereses que a los de la nación, se constituye en el principal factor de estancamiento y atraso, obstaculizando por todos los medios la industrialización del país.
Por su parte, una burguesía industrial débil e incoherente y demasiado ligada a la oligarquía agropecuaria por una red de intereses o de meras ilusiones, no supo llevar una batalla a fondo contra ésta. El propio Perón, a pesar de las repetidas amenazas de llevar a cabo la reforma agraria, no se atrevió nunca a la expropiación de los latifundios. La oligarquía ganadera perdió de ese modo el poder político, pero mantuvo la principal fuente de su poder económico: las tierras.
Fuente Consultada: Los Oligarcas Juan J. Sabreli - La Historia Popular Tomo 15 - Vidas y Milagros de Nuestro Pueblo