¿La pena de muerte se debería aprobar y aplicar en Argentina?
En Argentina casi se aprueba
En la Argentina estuvimos a punto de tener la pena de muerte por electrocución. Sí, la silla eléctrica. Fue a causa de la convulsión causada entre 1932 y 1933 por el llamado “caso Ayerza”. Abel Ayerza era un estudiante de medicina que pertenecía a una familia muy rica de clase alta y de ideas políticas cercanas al fascismo. Lo secuestró un grupo de delincuentes que sólo quería plata, vinculados a un legendario mafioso de la ciudad de Rosario, “Chicho Grande”.
La historia, en verdad, debería arrancar varios años antes. En las primeras décadas del siglo XX diversas leyes establecían la pena de muerte para delitos comunes. Se ejecutaba por fusilamiento. Pero en 1921 se sancionó el Código Penal (el mismo que todavía está vigente) que no la contemplaba. Su autor, el político conservador Rodolfo Moreno (h), era un firme abolicionista. Nueve años después, el general fascista José Félix Uriburu derrocó al presidente radical Hipólito Yrigoyen, en lo que fue el primer golpe de estado en la Argentina, y decretó la muerte legal en virtud de la Ley Marcial, establecida por Bando Militar. Entre los muchos fusilados bajo su règimen las dos víctimas más conocidas fueron los anarquistas Severino di Giovanni y su cuñado Paulino Scarfó, que enfrentaron al pelotón de fusilamiento en el patio de la Penitenciaria Nacional de la calle Las Heras en febrero de 1931. Para decirlo claramente, desde el poder de mataba por razones politicas.
Abel Ayerza fue secuestrado el 23 de octubre de 1932. Aún se vivía el sangriento cimbronazo del golpe de Uriburu. Mediante elecciones fraudulentas, Agustín P. Justo sucedió a Uriburu en febrero de ese año. La crisis económica y política era muy profunda y en ese ambiente se produjo el secuestro de Ayerza. El muchacho estaba en Marcos Juárez, Córdoba, y aquel día regresaba en auto del cine del centro de la ciudad a la estancia Calchaquí, propiedad de su familia. Lo acompañaban dos amigos, Santiago Hueyo, hijo del ministro de Hacienda de la Nación, y Alberto Malaver, más el capataz Juan Boneto. De golpe se le cruzó otro auto donde iban cinco hombres armados con rifles Winchester. Se llevaron con ellos a Hueyo y a Ayerza.
Hueyo fue liberado a la mañana siguiente en el Pasaje Cuatro Esquinas, a 20 kilómetros de Rosario. Tenía con él una carta escrita por su amigo Ayerza: pedían 120.000 pesos para devolverlo con vida. La familia de Abel no dudó y pagó, según las instrucciones de los secuestradores, en la ciudad de Rosario.
Cumplido el pago, un telegrama fue enviado a Marcelo Dallera, un jornalero que trabajaba en Corral de Bustos. Decía: “Manden al chancho, urgente”. La esposa de Dallera trasmitió el mensaje a quienes tenían a Abel, que eran los hermanos Vicente y Pablo Di Grado. En la noche del 1 de noviembre los hermanos llevaron a Ayerza a un descampado, le pegaron un tiro por la espalda y lo enterraron. Veinte días después, junto con Dallera, desenterraron el cadáver y le quitaron la ropa para que no fuera identificado. Llevaron los restos hasta Colonia Carlitos, cerca de Chalar Ladeado, donde finalmente fue encontrado el 22 de febrero de 1933.
¿Por qué lo mataron si Abel no los conocía y el rescate había sido pagado? El telegrama enviado después de recibir el rescate tenía una errata o había sido mal interpretado: “Maten al chancho” entendieron los hermanos Di Grado, en lugar de “Manden al chancho”. Cinco hombres fueron condenados a prisión perpetua: Vicente y Pablo Di Grado, Juan Vinti, Romeo Capuani y José La Torre. El famoso mafioso rosarino de origen siciliano Juan Galiffi, alias “Chicho Grande”, el supuesto instigador del secuestro, logró zafar.
Pero aquél año 1933, cuando se conoció que Ayerza había sido asesinado, el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley que establecía la pena de muerte por electrocución. ¿Cómo sería? A lo mejor se traía al país el invento estodunidense de la silla eléctrica, que fue inaugurada en Nueva York en 1890. Las discusiones entre los legisladores argentinos fueron muy intensas. Rodolfo Moreno (h) se opuso encarnizadamente a que la pena de muerte entrase a su Código Penal. Cuando la iniciativa llegó al Senado fue atacada también por el senador socialista Alfredo Palacios. De todos modos no pudieron lograr que esa Cámara le diera media sanción. La pena de muerte por electrocución sin embargo nunca se convirtió en ley. La Cámara de Diputados no le dió tratamiento.
Durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón se estableció la pena de muerte para casos específicos como los de sabotaje, traición y sublevación. Pero no se aplicó. Con el derrocamiento de Perón, la Revolución Libertadora recurrió a un par de decretos para imponer y reglamentar la Ley Marcial. Se fusiló en las ciudades de La Plata y Avellaneda, en la Unidad Regional de Lanús, en la Penitenciaría de la calle Las Heras y en la localidad de José León Suárez, a civiles y militares. Las razones para matar desde el Estado fueron políticas.
En junio de 1970, a causa del secuestro del ex general Pedro Eugenio Aramburu por la organización guerrillera Montoneros, el entonces dictador Juan Carlos Onganía restableció la pena capital “si con motivo u ocasión del hecho resultare la muerte o lesiones gravísimas de alguna persona”. Y en 1971 otro opresor, Roberto Marcelo Levingston, impulsó su aplicación para quien matare a un juez o a un fiscal. Pero en diciembre de 1972 el dictador Alejandro Agustín Lanusse derogó todas las disposiciones del Código Penal y leyes penales complementarias que la establecían. Pasaron pocos años hasta que la dictadura de 1976 a 1983 modificara otra vez el golpeado Código Penal y volviera a incorporar la muerte estatal por fusilamiento, pues cada vez que se estaleció en el sigo XX, la muerte “legal” en la Argentina fue a balazos.
En noviembre de 1978 Néstor Alberto Evaristo tenía 10 años. Vivía en San Fernando con su mamá, Elena Beatriz. El papá de Néstor había muerto de un infarto cuando el chico tenía cinco años. Elena se levantaba a las 5 para ir a trabajar como empleada de un hospital y el nene tenía su despertador y se las arreglaba solo para ir al colegio. Pero un día no volvió a casa. Al salir de la escuela, tres cirujas lo atraparon y lo tuvieron cautivo en una casilla de Beccar. Lo violaron y asesinaron.
En abril de 1981 el entonces juez penal de San Isidro Antonio Merguin condenó a esos tres crotos a la pena de muerte por fusilamiento. Merguin dijo: “No creo que haya nunca un acuerdo entre los que están en contra y a favor de la pena de muerte. La ley esta vigente… encontramos una situacion concreta en la que la pena esta en proporción al daño causado.”
Acaso se trate de una pieza de colección esta sentencia de primera instancia firmada por un juez civil argentino de la era moderna. Pero además de una pieza de coleccion es una pieza de contradicción apenas se la ubica en lugar y época. Mientras el juez Merguin firmaba la sentencia de muerte, miles de ciudadanos eran torturados y asesinados por la dictadura si pasar por el sistema penal que el propio régimen había reformado. El caso de los cirujas que mataron al nene Evaristo se resolvió finalmente en la Cámara de Apelaciones en lo Criminal de La Plata, que revocó la sentencia de Merguin y les aplicó reclusión perpetua.
En 1984, durante la gestión del presidente constitucional Raúl Alfonsín, se derogó la pena de muerte mediante la ley 23.077. Así estaba la cuestión hasta que durante la campaña presidencial de Carlos Menem comenzó a sobrevolar la posibilidad de su restauración. Se hablaba de aplicarla a narcotraficantes y a los autores de violaciones de chicos seguidas de muerte. Pero nuevamente un caso de secuestro arrimó la pena máxima al Congreso de la Nación. Fue el caso de Guillermo Ibañez, hijo del sindicalista Diego Ibáñez. El 6 de julio de 1990 fue capturado en Mar del Plata por un grupo integrado, entre otros, por Juan Carlos Molina, concuñado de su padre.
Debate sobre la pena de muerte
El río está revuelto en la República Argentina. Cada vez más voces empiezan a expresar abiertamente su acuerdo con la pena de muerte, en foros anónimos habilitados por los medios, y en los mismos medios, a través de caras conocidas de la farándula. Y es que, ciertamente, en la actual Argentina cada vez es más inseguro caminar por la calle.
No es algo de ahora, hace ya tiempo que la inseguridad hace estragos en una sociedad cada vez más descontenta con el actual gobierno y con su proceder en temas muy sensibles al ciudadano, como es el de la seguridad.
Buenos Aires, y sobre todo la provincia, son lugares inseguros, de eso nadie tiene duda. Pero frente a ello, a la realidad existente desde hace ya tiempo, se produjo una novedad, en la última semana ya no son sólo anónimos ciudadanos los que mueren. Por casualidad, si es que la casualidad existe, dos muertes cercanas a personas famosas se sucedieron; por un lado, el decorador y amigo íntimo de Susana Giménez, icono de la farándula argentina, por otro, el entrenador personal y amigo de Guillermo Coppola, ex manager de Maradona.
Y es que en esta gran ciudad y en su provincia conviven abruptamente los más ricos con los más pobres. Uno puede observar un barrio como Puerto Madero, réplica de la Villa Olímpica de Barcelona, y junto a él, una villa miseria, la 31. Porque aquí, junto a la modernidad más flamante y la fastuosidad del que tiene, existen las villas miserias, asentamientos de gente que no tienen nada y que construyen, muchos, sus casas con techos de chapa. Y no digo que sean esas villas la causa de la actual inseguridad, sólo son una muestra más del excluido social. Y está claro, el que no está dentro, está fuera, y el que está fuera, poco o nada tiene que perder.
La diva Giménez, en un brote de amargura entendible se atrevió a decir públicamente algo que muchos piensan: "el que mata tiene que morir", y ahí se inició la polémica. A partir de ese momento voces doloridas, hartas, desesperanzadas, exaltadas, empezaron a pedir la muerte del que mata. Y no digo que no lo entienda, digo que de nada sirve. El que mata con la saña que se ha usado en los últimos crímenes no va a parar porque se les despoje de su propia vida; porque a ellos la vida en general, y la propia en particular, no les importa. La pena de muerte es sólo una venganza, un placebo inútil contra el dolor. No detiene a la violencia ni al violento.
Cuando una sociedad llega a este punto, sus políticos, que para eso cobran, deberían hacer catarsis y empezar a buscar soluciones concretas y efectivas. Y no son penas más duras, y bajar la edad penal, y no son tampoco, más policías e inversión. Aunque eso, momentáneamente, pueda calmar la ansiedad social. La solución sólo es una y es muy costosa: incluir al excluido. Que ese joven que mata por "nada", valore la vida, porque valora la propia, porque tuvo niñez, tiene presente y tendrá futuro.